En abril de 2025, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley H.R. 22—la Ley para Salvaguardar la Elegibilidad del Elector Estadounidense (SAVE, por sus siglas en inglés). Presentada como parte de un esfuerzo más amplio de legisladores republicanos para imponer normas de votación más estrictas antes de las elecciones legislativas de 2026, la ley fue presentada como una herramienta para proteger la integridad electoral.
La ley exige que cualquier persona que se registre para votar en elecciones federales presente una prueba documental de ciudadanía estadounidense—un cambio importante respecto a las normas federales actuales, que suelen basarse en declaraciones juradas. Aunque su objetivo declarado es prevenir el voto de no ciudadanos, una práctica que ya es rara e ilegal, los críticos sostienen que el efecto práctico de la legislación sería privar del derecho al voto a millones de electores habilitados al imponer obstáculos administrativos.
Los requisitos de documentación de la Ley SAVE
Según el texto del proyecto de ley, la Ley SAVE prohibiría que los Estados registren a personas para votar en elecciones federales a menos que presenten una prueba documental válida de ciudadanía, como un pasaporte, un acta de nacimiento o un certificado de naturalización. También prohibiría el registro por correo y en línea—métodos ampliamente utilizados por votantes en los 50 Estados—centralizando el acceso al voto mediante verificación presencial.
Este cambio supone una imposición federal sobre los sistemas actuales, en los que los votantes afirman su ciudadanía bajo pena de perjurio. La legislación enumera solo un conjunto limitado de documentos como prueba aceptable, muchos de los cuales son difíciles de obtener o actualizar, especialmente para votantes de bajos ingresos o de zonas rurales. Refleja una ley que se aplicó anteriormente en Kansas y que fue anulada tras privar del derecho al voto a más de 30.000 electores habilitados.
Barreras a la participación para votantes legales
Expertos legales y organizaciones de derechos civiles advierten que el proyecto de ley tendría efectos de gran alcance sobre votantes legales. Por ejemplo, 69 millones de mujeres estadounidenses y 4 millones de hombres tienen actas de nacimiento que ya no reflejan sus nombres legales debido al matrimonio o a una transición de género. Sin documentos legales complementarios, estos votantes podrían quedar excluidos del registro.
Los ciudadanos naturalizados, los votantes racializados, los pueblos originarios, las poblaciones rurales y quienes votan por primera vez también se verían probablemente afectados. Muchos carecen de la documentación requerida o enfrentan obstáculos logísticos y financieros para obtenerla. Estudios de caso del Institute for Responsive Government estiman que el 7 % de los texanos y el 10 % de los georgianos tendrían dificultades para demostrar su ciudadanía a pesar de ser votantes habilitados.
Auditorías de padrones electorales y amenazas legales a funcionarios
La Ley SAVE también impone cargas administrativas y legales a los funcionarios electorales. Exige que los Estados auditen los padrones electorales existentes utilizando bases de datos estatales y federales, que a menudo están incompletas o contienen errores. Estas auditorías podrían dar lugar a la eliminación de votantes legales que sean identificados erróneamente como no ciudadanos.
Leer más
Además, el proyecto de ley faculta a ciudadanos particulares a demandar a funcionarios electorales que sean percibidos como incumplidores, lo que genera preocupación por posibles acosos con motivaciones políticas. Las sanciones incluyen responsabilidad civil y procesamiento penal, lo que podría llevar a los funcionarios a actuar con exceso de cautela y entorpecer esfuerzos legítimos de registro.
La eliminación del registro por correo y en línea también desmantelaría las campañas de inscripción de votantes realizadas por terceros, que históricamente han ampliado el acceso entre los votantes jóvenes y las comunidades racializadas.
Enfrentar un problema que no existe
No hay pruebas de un voto generalizado de no ciudadanos. Estudios legales y auditorías electorales confirman que estos casos son poco frecuentes y, por lo general, accidentales. El Migration Policy Institute respalda esta conclusión, señalando que los inmigrantes no autorizados, los residentes con tarjeta verde y quienes tienen visas temporales no están votando en cantidades significativas.
A pesar de ello, la Ley SAVE introduce barreras elevadas que pueden excluir a votantes legales mientras intenta abordar un problema prácticamente inexistente. Este enfoque ejemplifica un patrón más amplio en la política electoral: usar la retórica de la prevención del fraude para justificar medidas restrictivas al voto. Como advierte la ACLU, esto no se trata tanto de proteger las elecciones como de redefinir el electorado mediante la exclusión.
Redefinir el derecho al voto en Estados Unidos
Aunque la Ley SAVE fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril de 2025, aún no ha sido adoptada. En el Senado, donde se requiere una mayoría de 60 votos para superar el filibusterismo, sus perspectivas siguen siendo inciertas.
En paralelo, una orden ejecutiva reciente emitida por el expresidente Donald Trump busca imponer requisitos similares de verificación de ciudadanía, pero ya enfrenta desafíos legales por parte de organizaciones de derechos civiles. Ya sea mediante legislación o por acción ejecutiva, el intento de reestructurar los criterios de elegibilidad electoral sigue transformando el panorama electoral de Estados Unidos.
Aunque es poco probable que se apruebe en el Senado debido al filibusterismo, la Ley SAVE sienta un precedente crucial. Redefine el voto como un derecho condicionado—dependiente del acceso a documentación—en lugar de un derecho democrático garantizado.
Si se promulga, redefiniría quién puede participar en las elecciones, no mediante una prohibición explícita, sino a través de la exclusión administrativa. Al hacerlo, el proyecto de ley altera el equilibrio del poder democrático—no por fraude, sino por diseño.
Este debate plantea preguntas urgentes sobre quién puede participar en la democracia estadounidense—y bajo qué condiciones. Esa conversación está lejos de haber terminado.