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Este cambio supone una imposici\u00f3n federal sobre los sistemas actuales, en los que los votantes afirman su ciudadan\u00eda bajo pena de perjurio. La legislaci\u00f3n enumera solo un conjunto limitado de documentos como prueba aceptable, muchos de los cuales son dif\u00edciles de obtener o actualizar, especialmente para votantes de bajos ingresos o de zonas rurales. Refleja una ley que se aplic\u00f3 anteriormente en Kansas y que fue anulada tras privar del derecho al voto a m\u00e1s de 30.000 electores habilitados.<\/p>\n\n\n\n
Barreras a la participaci\u00f3n para votantes legales<\/h2>\n\n\n\n
Expertos legales y organizaciones de derechos civiles advierten que el proyecto de ley tendr\u00eda efectos de gran alcance sobre votantes legales. Por ejemplo, 69 millones de mujeres estadounidenses y 4 millones de hombres tienen actas de nacimiento que ya no reflejan sus nombres legales<\/a> debido al matrimonio o a una transici\u00f3n de g\u00e9nero. Sin documentos legales complementarios, estos votantes podr\u00edan quedar excluidos del registro.<\/p>\n\n\n\n Los ciudadanos naturalizados, los votantes racializados, los pueblos originarios, las poblaciones rurales y quienes votan por primera vez tambi\u00e9n se ver\u00edan probablemente afectados. Muchos carecen de la documentaci\u00f3n requerida o enfrentan obst\u00e1culos log\u00edsticos y financieros para obtenerla. Estudios de caso del Institute for Responsive Government estiman que el 7 % de los texanos y el 10 % de los georgianos tendr\u00edan dificultades para demostrar su ciudadan\u00eda a pesar de ser votantes habilitados<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La Ley SAVE tambi\u00e9n impone cargas administrativas y legales a los funcionarios electorales. Exige que los Estados auditen los padrones electorales existentes<\/a> utilizando bases de datos estatales y federales, que a menudo est\u00e1n incompletas o contienen errores. Estas auditor\u00edas podr\u00edan dar lugar a la eliminaci\u00f3n de votantes legales que sean identificados err\u00f3neamente como no ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, el proyecto de ley faculta a ciudadanos particulares a demandar a funcionarios electorales que sean percibidos como incumplidores, lo que genera preocupaci\u00f3n por posibles acosos con motivaciones pol\u00edticas. Las sanciones incluyen responsabilidad civil y procesamiento penal<\/a>, lo que podr\u00eda llevar a los funcionarios a actuar con exceso de cautela y entorpecer esfuerzos leg\u00edtimos de registro.<\/p>\n\n\n\n La eliminaci\u00f3n del registro por correo y en l\u00ednea<\/a> tambi\u00e9n desmantelar\u00eda las campa\u00f1as de inscripci\u00f3n de votantes realizadas por terceros, que hist\u00f3ricamente han ampliado el acceso entre los votantes j\u00f3venes y las comunidades racializadas.<\/p>\n\n\n\n No hay pruebas de un voto generalizado de no ciudadanos. Estudios legales y auditor\u00edas electorales confirman que estos casos son poco frecuentes y, por lo general, accidentales<\/a>. El Migration Policy Institute respalda esta conclusi\u00f3n, se\u00f1alando que los inmigrantes no autorizados, los residentes con tarjeta verde y quienes tienen visas temporales no est\u00e1n votando en cantidades significativas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n A pesar de ello, la Ley SAVE introduce barreras elevadas que pueden excluir a votantes legales mientras intenta abordar un problema pr\u00e1cticamente inexistente. Este enfoque ejemplifica un patr\u00f3n m\u00e1s amplio en la pol\u00edtica electoral: usar la ret\u00f3rica de la prevenci\u00f3n del fraude para justificar medidas restrictivas al voto. Como advierte la ACLU, esto no se trata tanto de proteger las elecciones<\/a> como de redefinir el electorado mediante la exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Aunque la Ley SAVE fue aprobada por la C\u00e1mara de Representantes en abril de 2025, a\u00fan no ha sido adoptada. En el Senado, donde se requiere una mayor\u00eda de 60 votos para superar el filibusterismo, sus perspectivas siguen siendo inciertas.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, una orden ejecutiva reciente emitida por el expresidente Donald Trump busca imponer requisitos similares de verificaci\u00f3n de ciudadan\u00eda, pero ya enfrenta desaf\u00edos legales por parte de organizaciones de derechos civiles. Ya sea mediante legislaci\u00f3n o por acci\u00f3n ejecutiva, el intento de reestructurar los criterios de elegibilidad electoral sigue transformando el panorama electoral de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Aunque es poco probable que se apruebe en el Senado debido al filibusterismo, la Ley SAVE sienta un precedente crucial. Redefine el voto como un derecho condicionado\u2014dependiente del acceso a documentaci\u00f3n\u2014en lugar de un derecho democr\u00e1tico garantizado.<\/p>\n\n\n\n Si se promulga, redefinir\u00eda qui\u00e9n puede participar en las elecciones, no mediante una prohibici\u00f3n expl\u00edcita, sino a trav\u00e9s de la exclusi\u00f3n administrativa. Al hacerlo, el proyecto de ley altera el equilibrio del poder democr\u00e1tico\u2014no por fraude, sino por dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\nAuditor\u00edas de padrones electorales y amenazas legales a funcionarios<\/h2>\n\n\n\n
Enfrentar un problema que no existe<\/h2>\n\n\n\n
Redefinir el derecho al voto en Estados Unidos<\/h2>\n\n\n\n