En aquel discurso de marzo, Trump prometi\u00f3 restaurar \u201cla seguridad en nuestras ciudades y comunidades\u201d castigando el crimen, pero solo ciertos tipos de delitos parec\u00edan contar. Esta estrategia bifurcada\u2014castigo en las calles y indulgencia en las oficinas\u2014retoma una vieja tradici\u00f3n estadounidense: intensificar la violencia carcelaria mientras se debilita la rendici\u00f3n de cuentas de las \u00e9lites, un rasgo definitorio del Estado estadounidense. Comprender este dualismo, y c\u00f3mo qued\u00f3 arraigado en el derecho, exige confrontar la arquitectura institucional y las decisiones hist\u00f3ricas que lo construyeron y lo sostienen.<\/p>\n\n\n\n El castigo no resuelve las desigualdades econ\u00f3micas que alimentan el crimen callejero, y la regulaci\u00f3n rara vez interrumpe los incentivos de lucro que sostienen los abusos corporativos.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Ese es el prop\u00f3sito de mi libro, Dual Justice: America\u2019s Divergent Approaches to Street and Corporate Crime<\/em><\/a>, que rastrea las ra\u00edces ideol\u00f3gicas e institucionales de estas desigualdades y propone otro camino posible. El libro muestra c\u00f3mo Estados Unidos ha construido dos sistemas legales distintos: un sistema de justicia penal<\/a> dise\u00f1ado para castigar severamente los delitos callejeros, y un Estado regulador orientado a supervisar administrativamente los da\u00f1os corporativos.<\/p>\n\n\n\n Estos sistemas definen la ilegalidad de forma distinta seg\u00fan qui\u00e9n cometa el acto y d\u00f3nde ocurra. Los tiroteos y robos callejeros se interpretan como fallos morales individuales que merecen castigo, mientras que las decisiones corporativas impulsadas por el lucro y con consecuencias letales<\/a> se presentan como realidades econ\u00f3micas desafortunadas pero inevitables, que deben ser reguladas. Pero ambas formas de da\u00f1o provienen del mismo sistema econ\u00f3mico roto, y hasta que no enfrentemos esa realidad y las desigualdades en su gobernanza, los ciclos de da\u00f1o que generan seguir\u00e1n repiti\u00e9ndose.<\/p>\n\n\n\n Esta divergencia refleja supuestos ideol\u00f3gicos de larga data que se remontan a la Era Progresista, un momento clave en la evoluci\u00f3n pol\u00edtica de Estados Unidos, cuando surgieron dos componentes fundamentales del sistema jur\u00eddico. <\/p>\n\n\n En primer lugar, comenz\u00f3 a formarse el sistema moderno de justicia penal, centrado en gestionar a los infractores mediante medidas individualizadas orientadas a la rehabilitaci\u00f3n o al castigo. <\/p>\n\n\n\n Al mismo tiempo, comenz\u00f3 a configurarse el Estado regulador federal. Se crearon agencias y comisiones administrativas para controlar los excesos de los magnates, y los legisladores presentaban sus actos como desv\u00edos comprensibles de un esp\u00edritu empresarial que deb\u00eda ser corregido mediante regulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Estos desarrollos institucionales estuvieron moldeados por dos marcos ideol\u00f3gicos: la ideolog\u00eda rehabilitadora y la ideolog\u00eda reguladora. Ambas se basaban en interpretaciones eugen\u00e9sicas del comportamiento humano, aunque actuaban de manera diferente.<\/p>\n\n\n\n La ideolog\u00eda rehabilitadora consideraba a los delincuentes callejeros pobres y no blancos como gen\u00e9ticamente inferiores y merecedores de castigos severos, mientras que la ideolog\u00eda reguladora ve\u00eda a los infractores corporativos como actores racionales cuyas faltas eran subproductos de la ambici\u00f3n empresarial y deb\u00edan ser gestionadas, no condenadas.<\/p>\n\n\n\n La ideolog\u00eda rehabilitadora disfrazaba su car\u00e1cter punitivo con el lenguaje de la reforma. Los primeros defensores de la rehabilitaci\u00f3n, como Zebulon Brockway, alcaide del Reformatorio de Elmira en Nueva York, ejemplificaban esta dualidad. Mientras afirmaban rehabilitar a los infractores, Brockway y otros progresistas adoptaban las teor\u00edas eugen\u00e9sicas del crimin\u00f3logo Cesare Lombroso, quien sosten\u00eda que algunas personas eran gen\u00e9ticamente inferiores, \u201ccriminales natos\u201d<\/a>, biol\u00f3gicamente predispuestos al delito e irredimibles.<\/p>\n\n\n\n Brockway describ\u00eda a estas personas como \u201cseres humanos defectuosos\u201d<\/a>, y tanto \u00e9l como otros reformadores estadounidenses abogaban por intervenciones punitivas que iban desde largas penas de prisi\u00f3n hasta la esterilizaci\u00f3n obligatoria para estos \u201cincorregibles\u201d. Esto convert\u00eda el enfoque rehabilitador en una t\u00e9cnica de doble filo: ofrec\u00eda reforma condicional a quienes se consideraban recuperables, pero condenaba a justicia severa a quienes eran considerados irredimibles desde una perspectiva eugen\u00e9sica.<\/p>\n\n\n\n El derecho estadounidense sigue reflejando los fundamentos eugen\u00e9sicos de las ideolog\u00edas rehabilitadora y reguladora. <\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n De forma alternativa, la ideolog\u00eda reguladora que molde\u00f3 la gobernanza durante la Era Progresista no consideraba el da\u00f1o corporativo como un delito, sino como una consecuencia racional de las estructuras econ\u00f3micas que pod\u00eda gestionarse mediante sanciones administrativas.<\/p>\n\n\n\n Instituciones como la Comisi\u00f3n de Comercio Interestatal (ICC) y la Comisi\u00f3n Federal de Comercio (FTC) fueron creadas para controlar los abusos de los capitalistas industriales mediante regulaci\u00f3n, incluso cuando populistas y cr\u00edticos del poder corporativo exig\u00edan responsabilidad penal.<\/p>\n\n\n\n Esta elecci\u00f3n reflejaba un doble est\u00e1ndar m\u00e1s amplio, enraizado en el pensamiento eugen\u00e9sico, donde los estudiosos patologizaban a los delincuentes callejeros como gen\u00e9ticamente inferiores, mientras excusaban la mala conducta de las \u00e9lites empresariales. Por ejemplo, en su libro de 1904, The Diseases of Society<\/em><\/a>, el m\u00e9dico G. Frank Lydston sosten\u00eda que los delincuentes violentos y contra la propiedad presentaban deformidades craneales comunes entre los pobres, lo que los marcaba como biol\u00f3gicamente predispuestos al crimen.<\/p>\n\n\n\n En cambio, Lydston describ\u00eda a los infractores de \u00e9lite como \u201cciudadanos respetables\u201d con una \u201cgran capacidad inherente para el bien\u201d, y sosten\u00eda que no presentaban la degeneraci\u00f3n que justificaba el castigo de personas como el \u201cladr\u00f3n de poca monta\u201d. Como estos hombres no mostraban una desviaci\u00f3n innata, no requer\u00edan ni rehabilitaci\u00f3n ni castigo.<\/p>\n\n\n\n La l\u00f3gica de Lydston fue retomada por figuras influyentes como Louis Brandeis. Durante los debates sobre la FTC, Brandeis dijo al Congreso que la mala conducta corporativa carec\u00eda de la \u201cmancha moral\u201d<\/a> propia del crimen com\u00fan. Los abusos industriales, argument\u00f3, deb\u00edan abordarse no con amenazas de castigo, sino regulando las condiciones econ\u00f3micas para que las malas pr\u00e1cticas empresariales se volvieran \u201cantinaturales\u201d.<\/a> Sin embargo, como juez de la Corte Suprema, Brandeis se unir\u00eda a la mayor\u00eda en Buck v. Bell<\/em> (1927), en una opini\u00f3n que respaldaba la esterilizaci\u00f3n forzada como preferible, entre otras cosas, a \u201cesperar para ejecutar a hijos degenerados por cr\u00edmenes\u201d.<\/a> Esta l\u00f3gica contradictoria naturaliz\u00f3 la impunidad de las \u00e9lites mientras justificaba una gobernanza punitiva para las clases populares, consolidando un orden jur\u00eddico que distingue entre da\u00f1os que deben castigarse y da\u00f1os que pueden ser gestionados.<\/p>\n\n\n\n El derecho estadounidense sigue reflejando los fundamentos eugen\u00e9sicos de las ideolog\u00edas rehabilitadora y reguladora. Las evaluaciones contempor\u00e1neas de riesgo, por ejemplo, se basan en factores como arrestos previos, historial laboral y estabilidad financiera \u2013 m\u00e9tricas distorsionadas por la desigualdad racial y econ\u00f3mica<\/a> \u2013 para clasificar a las personas como reformables o de alto riesgo, reproduciendo antiguas distinciones entre corregibles e incorregibles, ahora aplicadas a las din\u00e1micas modernas de raza y clase.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, la mala conducta corporativa sigue siendo tratada mediante el derecho civil, administrativo y de equidad, reforzando la idea de que los delitos de las \u00e9lites son menos criminales que los de la calle. Basta con considerar el indulto de Donald Trump en 2020 a Michael Milken<\/a>, condenado por delitos financieros durante la crisis de ahorro y pr\u00e9stamo de los a\u00f1os ochenta.<\/p>\n\n\n\n Al defender el indulto, Trump elogi\u00f3 la agudeza empresarial de Milken y afirm\u00f3 que los fiscales lo hab\u00edan procesado injustamente por sus \u201cmecanismos de financiaci\u00f3n innovadores\u201d, que en el pasado solo se hab\u00edan considerado \u201cinfracciones t\u00e9cnicas y violaciones regulatorias\u201d. Esta forma de presentar los hechos ejemplifica c\u00f3mo las faltas de las \u00e9lites suelen describirse como desviaciones mal entendidas del esp\u00edritu empresarial, vistas como delito solo cuando hay un exceso de regulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Dual Justice<\/em> traza un camino hacia un sistema basado en la equidad, la dignidad y la rendici\u00f3n de cuentas democr\u00e1tica.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Tanto los marcos rehabilitador como regulador conceptualizan el da\u00f1o a partir de supuestos heredados sobre jerarqu\u00edas raciales y de clase. A los pobres se les retrata como inherentemente criminales y se les castiga en consecuencia, mientras que los actores corporativos son vistos como dotados por naturaleza y racionales, por lo que su mala conducta requiere \u00fanicamente correcci\u00f3n tecnocr\u00e1tica. Por tanto, ninguno de estos marcos enfrenta las causas estructurales del da\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n El castigo no resuelve las desigualdades econ\u00f3micas que alimentan el crimen callejero, y la regulaci\u00f3n rara vez interrumpe los incentivos de lucro que sostienen los abusos corporativos. Al sostener este doble est\u00e1ndar, el derecho estadounidense separa el da\u00f1o econ\u00f3mico causado por las \u00e9lites de la condena moral impuesta a los infractores pobres, perpetuando un sistema que protege a los poderosos, criminaliza a los vulnerables y genera cinismo, resentimiento y demandas de cambio estructural.<\/p>\n\n\n\n Dual Justice<\/em> contends that meaningful change requires a dual strategy: institutional reforms to the criminal justice system and regulatory state, and deeper, structural transformations of the political economy that rehabilitative and regulatory ideologies sustain. While pragmatic institutional reforms can yield incremental improvements and alleviate urgent problems, they remain insufficient in providing fundamental change, which can only be achieved through addressing the underlying economic conditions that produce inequality and wrongdoing.<\/p>\n\n\n Aunque el libro tambi\u00e9n aborda la reforma de la justicia penal, este art\u00edculo pone \u00e9nfasis en sus propuestas para reparar el sistema regulador y reconfigurar la gobernanza corporativa. De manera crucial, Dual Justice<\/em> advierte contra abordar el crimen corporativo con una l\u00f3gica punitiva que imite la severidad de la represi\u00f3n del crimen callejero. Hacerlo solo ampliar\u00eda el Estado carcelario. En su lugar, el libro defiende un enfoque equilibrado de la regulaci\u00f3n corporativa<\/a>, inspirado en el modelo de \u201cregulaci\u00f3n responsiva\u201d de Braithwaite y Ayres<\/a>. Este marco propone una \u201cpir\u00e1mide de sanciones\u201d, que intensifica la intervenci\u00f3n seg\u00fan la gravedad y la frecuencia de la mala conducta.<\/p>\n\n\n\n Un cambio de este tipo requerir\u00eda una reinversi\u00f3n significativa en las agencias reguladoras. Sin embargo, los modelos presupuestarios actuales que estiman el costo de funcionamiento de estas agencias suelen ocultar los beneficios financieros de la aplicaci\u00f3n de la ley<\/a> al no considerar los ingresos generados por medio de multas y acuerdos. En consecuencia, agencias como la SEC y la Divisi\u00f3n Antimonopolio del DOJ recuperan habitualmente mucho m\u00e1s de lo que gastan<\/a>, y aun as\u00ed su labor se presenta como ineficiente. Por ejemplo, el intento del presidente Trump de recortar la Oficina de Protecci\u00f3n Financiera del Consumidor se basa en una narrativa enga\u00f1osa sobre sus costos, ignorando las sumas millonarias<\/a> que ha devuelto a consumidores defraudados. Reconocer los retornos fiscales de una aplicaci\u00f3n rigurosa de la ley podr\u00eda fortalecer el apoyo pol\u00edtico para ampliar la capacidad de estas agencias.<\/p>\n\n\n El libro tambi\u00e9n respalda la propuesta de Jennifer Taub<\/a> de crear una divisi\u00f3n dedicada del DOJ para procesar delitos financieros complejos.<\/p>\n\n\n\n Al reflexionar sobre el fracaso de la Unidad contra el Fraude en Instituciones Financieras formada tras la crisis de ahorro y pr\u00e9stamo, Dual Justice<\/em> subraya que cualquier nueva unidad debe contar con autoridad investigadora independiente y con una s\u00f3lida capacidad de coordinaci\u00f3n con los reguladores. Adem\u00e1s, deber\u00eda tener la capacidad de rastrear infractores reincidentes de manera aut\u00f3noma y podr\u00eda financiarse redistribuyendo ingresos provenientes de agencias de aplicaci\u00f3n que generan recursos.<\/p>\n\n\n\n Otra propuesta aborda la falta de datos sobre la aplicaci\u00f3n de la ley en casos de delitos corporativos. Debido a que muchas pr\u00e1cticas empresariales ilegales se resuelven por v\u00edas administrativas, existen pocas estad\u00edsticas completas sobre infractores corporativos.<\/p>\n\n\n\n Dual Justice<\/em> propone la creaci\u00f3n de una base de datos centralizada que registre las acciones regulatorias y las derivaciones penales entre agencias. Este centro de intercambio de informaci\u00f3n permitir\u00eda a los reguladores identificar a empresas con infracciones repetidas, incluso cuando est\u00e9n distribuidas entre distintas jurisdicciones, y actuar en consecuencia.<\/p>\n\n\n\n Aun as\u00ed, el libro reconoce los l\u00edmites de este tipo de reformas institucionales. Las soluciones regulatorias pueden legitimar una econom\u00eda pol\u00edtica que privilegia el poder corporativo y el lucro por encima del bienestar p\u00fablico. Incluso las acciones penales m\u00e1s agresivas contra empresas siguen siendo herramientas reactivas, incapaces de erradicar los incentivos estructurales que impulsan el crimen corporativo. Por estas razones, el libro aboga por transformaciones pol\u00edtico-econ\u00f3micas m\u00e1s radicales en el modelo empresarial.<\/p>\n\n\n\n Una de las propuestas plantea desmantelar las instituciones financieras para eliminar los incentivos de \u201cdemasiado grandes para quebrar\u201d y reducir el riesgo sist\u00e9mico. Limitar el tama\u00f1o de las entidades, por ejemplo restringiendo la exposici\u00f3n bancaria al 3\u00a0% del PIB<\/a> o restableciendo la separaci\u00f3n Glass-Steagall entre banca comercial y de inversi\u00f3n, obligar\u00eda a las empresas a reducir su tama\u00f1o y disminuir\u00eda la probabilidad de rescates financiados por los contribuyentes. Al eliminar la garant\u00eda impl\u00edcita de rescate estatal en caso de quiebra, estas medidas reducir\u00edan los incentivos para que las grandes corporaciones asuman riesgos imprudentes. Aunque pol\u00edticamente dif\u00edciles, estas reformas han generado inter\u00e9s bipartidista<\/a> como mecanismos<\/a> para restablecer la disciplina del mercado y la rendici\u00f3n de cuentas democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n En lugar de replicar la l\u00f3gica punitiva del sistema de justicia en las salas de juntas, Dual Justice<\/em> defiende lo contrario: aplicar los principios regulatorios utilizados para prevenir el crimen corporativo en las comunidades marginadas econ\u00f3micamente.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n Una segunda propuesta plantea un r\u00e9gimen de concesi\u00f3n de estatutos corporativos basado en el Accountable Capitalism Act<\/a>. Esta medida exigir\u00eda que las corporaciones con m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares en ingresos anuales obtuvieran una licencia federal que imponga obligaciones hacia trabajadores, consumidores y comunidades, no solo hacia los accionistas. La propuesta tambi\u00e9n permitir\u00eda a los fiscales generales estatales demandar la revocaci\u00f3n de los estatutos por conducta ilegal y garantizar\u00eda la representaci\u00f3n de los trabajadores en los directorios, promoviendo as\u00ed la responsabilidad social, limitando el comportamiento abusivo y frenando los incentivos de maximizaci\u00f3n de beneficios que conducen al desprecio por el bienestar colectivo.<\/p>\n\n\n\nLas ra\u00edces ideol\u00f3gicas de la desigualdad legal<\/h2>\n\n\n\n
![\"portada](\"https:\/\/politicsrights.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/cover-of-the-book-Dual-Justice_Americas-Divergent-Approaches-to-Street-and-Corporate-Crime.webp\")
<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\nRegulaci\u00f3n para las \u00e9lites, castigo para los pobres<\/h2>\n\n\n\n
![\"Justice:](\"https:\/\/politicsrights.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Justice_Postcard-of-the-New-York-State-Reformatory-at-Elmira.webp\")
Prejuicios modernos, l\u00f3gicas antiguas<\/h2>\n\n\n\n
![\"Justice_Michael](\"https:\/\/politicsrights.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Michael-Milken-by-Paul-Kagame-NC-ND.webp\")
Reformar la regulaci\u00f3n y enfrentar sus l\u00edmites<\/h2>\n\n\n\n
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![\"cover](\"https:\/\/politicsrights.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Big-Dirty-Money_-Making-White-Collar-Criminals-Pay.webp\")
<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\nM\u00e1s all\u00e1 de la reforma: Remedios radicales para la justicia econ\u00f3mica<\/h2>\n\n\n\n