Según el informe 2024 de Surfshark sobre la censura en Internet, los cierres de Internet se han convertido en una táctica central del control autoritario durante la última década. En los últimos diez años, se han documentado más de 650 interrupciones en Asia, afectando a más de 4.300 millones de personas—aproximadamente el 91 % de la población del continente.
India y la región de Jammu y Cachemira bajo su administración concentran más del 72 % de todos los cierres en Asia. Estos apagones estuvieron abrumadoramente ligados a eventos políticos: 226 se relacionaron con protestas, 34 con elecciones y 377 con disturbios políticos más amplios. Mientras tanto, el 66 % de los países asiáticos ha experimentado al menos un cierre desde 2015.
África es la segunda región más afectada, con 134 cierres en el mismo periodo. Estos eventos impactaron al 83,6 % de la población del continente—más de 1.200 millones de personas. La mayoría de las interrupciones también estuvo relacionada con protestas, elecciones o inestabilidad política. Etiopía y Sudán siguen siendo algunos de los peores infractores.
Los cierres de Internet socavan la confianza en las instituciones, paralizan la actividad económica y sofocan el desarrollo de una cultura democrática.
Si bien Europa ha experimentado relativamente pocos cierres (solo 17 casos), Rusia y Bielorrusia concentran casi el 90 % de ellos. En contraste, América del Norte ha registrado 11 casos—nueve de ellos en Cuba, lo que representa el 73 % de todas las interrupciones en la región. América del Sur, aunque a menudo ignorada en los debates sobre represión digital, ha documentado 45 casos desde 2015, con un 60 % de la población del continente afectada. Oceanía sigue siendo la única región sin cierres registrados.
Este desglose geográfico confirma una tendencia más amplia: los cierres de Internet rara vez son medidas aisladas—son actos deliberados y dirigidos de represión política. A pesar de su creciente frecuencia, estos cierres reciben poca atención mediática. Con demasiada frecuencia se interpretan como fallos técnicos o medidas de seguridad temporales, cuando en realidad son una estrategia de gobernanza autoritaria en la era digital.
Cierres de Internet: Un método de control, no una respuesta al caos
Los cierres de Internet son presentados habitualmente por los gobiernos como medidas temporales para garantizar la “seguridad pública”, evitar la difusión de desinformación o “contener la violencia”. En la práctica, sin embargo, funcionan como herramientas de censura y control social. Al bloquear el acceso a redes sociales, plataformas de mensajería o incluso redes móviles enteras, las autoridades impiden que la ciudadanía organice protestas, documente abusos o se comunique con el exterior.
Esta estrategia resulta especialmente eficaz en momentos de agitación política. Los cierres de Internet no solo son disruptivos: son herramientas estratégicas que permiten a los regímenes interrumpir la coordinación, desmantelar la solidaridad y controlar los relatos. Al cortar la comunicación digital, los regímenes aíslan a los disidentes, fragmentan la acción colectiva y reducen la visibilidad internacional de la violencia estatal. En este sentido, el cierre no es una respuesta al desorden—es un movimiento calculado para evitar la rendición de cuentas.
De Teherán a Cuba: estudios de caso sobre represión digital
Los ejemplos más destacados de los últimos años muestran cuán extendidas y diversas se han vuelto estas tácticas.
- Irán: Durante las protestas de 2022–2023 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, el gobierno iraní implementó amplios cierres de Internet y redes móviles. Estas medidas no se limitaron a los momentos de mayor agitación, sino que se prolongaron de forma intermitente durante varios meses. Los cierres coincidieron con violentas represiones contra los manifestantes, restringiendo el acceso a plataformas como WhatsApp e Instagram, y haciendo casi imposible que la ciudadanía compartiera videos de las protestas o de la brutalidad policial.
- Myanmar: Tras el golpe militar de febrero de 2021, la junta impuso cierres de Internet a nivel nacional como parte de su campaña más amplia para silenciar a la oposición. Al principio, las redes móviles se cortaban durante varias horas; poco después, regiones enteras quedaron desconectadas de forma indefinida. Estos cierres coincidieron con arrestos masivos, asesinatos de manifestantes y esfuerzos sistemáticos por destruir pruebas digitales de la represión.
- India: El gobierno indio ha utilizado repetidamente cierres de Internet a nivel local, especialmente en Jammu y Cachemira, que registró casi 400 cierres entre 2012 y 2022. En 2019, tras la revocación del estatus especial de Cachemira, la región sufrió un apagón total de comunicaciones que duró 213 días—el cierre democrático más prolongado registrado hasta la fecha. Estas medidas bloquearon no solo la disidencia, sino también la comunicación cotidiana, la educación y los servicios de salud.
- Cuba: En julio de 2021, cuando estallaron protestas espontáneas contra el gobierno en todo el país, las autoridades respondieron cortando el acceso a Internet móvil. Plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal quedaron inaccesibles, y la empresa estatal ETECSA bloqueó los servicios de datos durante horas. El gobierno también buscó impedir la difusión de videos e imágenes de su represión brutal. Mientras periodistas independientes y ciudadanos intentaban documentar las protestas, el cierre garantizó que pocas imágenes y testimonios llegaran al público internacional en tiempo real.
Más allá del apagón: impactos a largo plazo sobre la sociedad civil
Las consecuencias de los cierres de Internet van mucho más allá de la interrupción inmediata. Socavan la confianza en las instituciones, paralizan la actividad económica y sofocan el desarrollo de una cultura democrática. En las regiones donde los cierres son frecuentes, los activistas deben adaptarse constantemente a canales de comunicación inestables, mientras que los periodistas enfrentan crecientes dificultades para verificar y reportar hechos.
Además, estos cierres afectan de manera desproporcionada a las poblaciones marginadas. Quienes no tienen acceso a VPN, herramientas satelitales o apoyo de medios internacionales quedan silenciados. La educación, los pequeños negocios y los servicios de emergencia también sufren daños colaterales. Un apagón nunca es “quirúrgico”—sus efectos son estructurales.
Una zona gris legal que permite los abusos
Uno de los aspectos más alarmantes de los cierres de Internet es su ambigüedad legal. Muchos gobiernos invocan leyes de seguridad nacional vagas o regulaciones heredadas de la época colonial para justificar las desconexiones. La supervisión judicial es escasa, y los mecanismos internacionales de rendición de cuentas siguen siendo limitados. Incluso cuando los cierres son impugnados ante los tribunales—como en el fallo de 2020 del Tribunal Supremo de la India que declaró inconstitucionales los cierres indefinidos—los Estados suelen encontrar formas de eludir o ignorar estas decisiones en la práctica.
Este vacío legal alienta a los gobiernos autoritarios y envalentona a democracias semiautoritarias a adoptar tácticas similares. Sin una presión internacional firme o sanciones coordinadas, el costo de la represión digital sigue siendo bajo.
El papel de las empresas tecnológicas y los actores internacionales
Las principales empresas tecnológicas a menudo operan infraestructuras en países con alto riesgo de cierres de Internet. Sin embargo, sus respuestas son inconsistentes. En algunos casos, los proveedores acatan en silencio las órdenes de cierre; en otros, se resisten o retrasan su implementación.
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Organizaciones de la sociedad civil han exigido mayor transparencia tanto a las telecomunicaciones como a las plataformas, pidiendo que publiquen todas las solicitudes gubernamentales y detallen cuándo y por qué se interrumpen los servicios.
Las organizaciones internacionales, por su parte, disponen de herramientas limitadas para abordar esta tendencia. A pesar de las reiteradas condenas, incluso por parte de las Naciones Unidas, los mecanismos de aplicación concretos siguen siendo débiles. Los cierres de Internet continúan expandiéndose en parte porque el costo político de utilizarlos sigue siendo mínimo.
Cierres de Internet y el futuro de los derechos digitales
Los cierres de Internet ya no son la excepción—son una característica definitoria del autoritarismo moderno. La rápida expansión de estos cierres refleja una creciente convergencia entre control tecnológico y represión política. A medida que la infraestructura digital se vuelve central para la participación cívica y el flujo de información, los regímenes adquieren nuevas herramientas para vigilar, aislar y silenciar la disidencia.
La vulnerabilidad de la sociedad civil crece en proporción directa a la centralidad de las redes digitales en la vida pública. Reconocer los cierres como actos deliberados de represión—y no como “medidas de seguridad” neutrales—es fundamental.
El tiempo de la indignación aislada ya pasó. Lo que se necesita es un esfuerzo coordinado para documentar, denunciar y sancionar estos cierres, garantizando que la conectividad sea tratada no como un lujo, sino como un derecho.
Lecturas complementarias
