Justicia selectiva
En marzo de 2025, el presidente Donald Trump ingresó al Departamento de Justicia y declaró el fin del “Departamento de Injusticia”. Prometió restablecer la “ley y el orden” reprimiendo el crimen urbano y la inmigración ilegal, movilizando apoyo para su agenda punitiva. Pero mientras Trump arremetía contra el crimen callejero, la fiscal general Pam Bondi silenciosamente revirtió el papel del Estado en el enjuiciamiento de delitos corporativos. La retórica de Trump sobre mano dura contra el crimen ha estado acompañada del esfuerzo más agresivo en más de una década por desmantelar la regulación financiera: reduciendo los requisitos de capital, debilitando la protección al consumidor y recortando la vigilancia del soborno corporativo.
En aquel discurso de marzo, Trump prometió restaurar “la seguridad en nuestras ciudades y comunidades” castigando el crimen, pero solo ciertos tipos de delitos parecían contar. Esta estrategia bifurcada—castigo en las calles y indulgencia en las oficinas—retoma una vieja tradición estadounidense: intensificar la violencia carcelaria mientras se debilita la rendición de cuentas de las élites, un rasgo definitorio del Estado estadounidense. Comprender este dualismo, y cómo quedó arraigado en el derecho, exige confrontar la arquitectura institucional y las decisiones históricas que lo construyeron y lo sostienen.
El castigo no resuelve las desigualdades económicas que alimentan el crimen callejero, y la regulación rara vez interrumpe los incentivos de lucro que sostienen los abusos corporativos.
Ese es el propósito de mi libro, Dual Justice: America’s Divergent Approaches to Street and Corporate Crime, que rastrea las raíces ideológicas e institucionales de estas desigualdades y propone otro camino posible. El libro muestra cómo Estados Unidos ha construido dos sistemas legales distintos: un sistema de justicia penal diseñado para castigar severamente los delitos callejeros, y un Estado regulador orientado a supervisar administrativamente los daños corporativos.
Estos sistemas definen la ilegalidad de forma distinta según quién cometa el acto y dónde ocurra. Los tiroteos y robos callejeros se interpretan como fallos morales individuales que merecen castigo, mientras que las decisiones corporativas impulsadas por el lucro y con consecuencias letales se presentan como realidades económicas desafortunadas pero inevitables, que deben ser reguladas. Pero ambas formas de daño provienen del mismo sistema económico roto, y hasta que no enfrentemos esa realidad y las desigualdades en su gobernanza, los ciclos de daño que generan seguirán repitiéndose.
Las raíces ideológicas de la desigualdad legal
Esta divergencia refleja supuestos ideológicos de larga data que se remontan a la Era Progresista, un momento clave en la evolución política de Estados Unidos, cuando surgieron dos componentes fundamentales del sistema jurídico.
En primer lugar, comenzó a formarse el sistema moderno de justicia penal, centrado en gestionar a los infractores mediante medidas individualizadas orientadas a la rehabilitación o al castigo.
Al mismo tiempo, comenzó a configurarse el Estado regulador federal. Se crearon agencias y comisiones administrativas para controlar los excesos de los magnates, y los legisladores presentaban sus actos como desvíos comprensibles de un espíritu empresarial que debía ser corregido mediante regulación.
Estos desarrollos institucionales estuvieron moldeados por dos marcos ideológicos: la ideología rehabilitadora y la ideología reguladora. Ambas se basaban en interpretaciones eugenésicas del comportamiento humano, aunque actuaban de manera diferente.
La ideología rehabilitadora consideraba a los delincuentes callejeros pobres y no blancos como genéticamente inferiores y merecedores de castigos severos, mientras que la ideología reguladora veía a los infractores corporativos como actores racionales cuyas faltas eran subproductos de la ambición empresarial y debían ser gestionadas, no condenadas.
Regulación para las élites, castigo para los pobres
La ideología rehabilitadora disfrazaba su carácter punitivo con el lenguaje de la reforma. Los primeros defensores de la rehabilitación, como Zebulon Brockway, alcaide del Reformatorio de Elmira en Nueva York, ejemplificaban esta dualidad. Mientras afirmaban rehabilitar a los infractores, Brockway y otros progresistas adoptaban las teorías eugenésicas del criminólogo Cesare Lombroso, quien sostenía que algunas personas eran genéticamente inferiores, “criminales natos”, biológicamente predispuestos al delito e irredimibles.
Brockway describía a estas personas como “seres humanos defectuosos”, y tanto él como otros reformadores estadounidenses abogaban por intervenciones punitivas que iban desde largas penas de prisión hasta la esterilización obligatoria para estos “incorregibles”. Esto convertía el enfoque rehabilitador en una técnica de doble filo: ofrecía reforma condicional a quienes se consideraban recuperables, pero condenaba a justicia severa a quienes eran considerados irredimibles desde una perspectiva eugenésica.
El derecho estadounidense sigue reflejando los fundamentos eugenésicos de las ideologías rehabilitadora y reguladora.
De forma alternativa, la ideología reguladora que moldeó la gobernanza durante la Era Progresista no consideraba el daño corporativo como un delito, sino como una consecuencia racional de las estructuras económicas que podía gestionarse mediante sanciones administrativas.
Instituciones como la Comisión de Comercio Interestatal (ICC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) fueron creadas para controlar los abusos de los capitalistas industriales mediante regulación, incluso cuando populistas y críticos del poder corporativo exigían responsabilidad penal.
Esta elección reflejaba un doble estándar más amplio, enraizado en el pensamiento eugenésico, donde los estudiosos patologizaban a los delincuentes callejeros como genéticamente inferiores, mientras excusaban la mala conducta de las élites empresariales. Por ejemplo, en su libro de 1904, The Diseases of Society, el médico G. Frank Lydston sostenía que los delincuentes violentos y contra la propiedad presentaban deformidades craneales comunes entre los pobres, lo que los marcaba como biológicamente predispuestos al crimen.
En cambio, Lydston describía a los infractores de élite como “ciudadanos respetables” con una “gran capacidad inherente para el bien”, y sostenía que no presentaban la degeneración que justificaba el castigo de personas como el “ladrón de poca monta”. Como estos hombres no mostraban una desviación innata, no requerían ni rehabilitación ni castigo.
La lógica de Lydston fue retomada por figuras influyentes como Louis Brandeis. Durante los debates sobre la FTC, Brandeis dijo al Congreso que la mala conducta corporativa carecía de la “mancha moral” propia del crimen común. Los abusos industriales, argumentó, debían abordarse no con amenazas de castigo, sino regulando las condiciones económicas para que las malas prácticas empresariales se volvieran “antinaturales”. Sin embargo, como juez de la Corte Suprema, Brandeis se uniría a la mayoría en Buck v. Bell (1927), en una opinión que respaldaba la esterilización forzada como preferible, entre otras cosas, a “esperar para ejecutar a hijos degenerados por crímenes”. Esta lógica contradictoria naturalizó la impunidad de las élites mientras justificaba una gobernanza punitiva para las clases populares, consolidando un orden jurídico que distingue entre daños que deben castigarse y daños que pueden ser gestionados.
Prejuicios modernos, lógicas antiguas
El derecho estadounidense sigue reflejando los fundamentos eugenésicos de las ideologías rehabilitadora y reguladora. Las evaluaciones contemporáneas de riesgo, por ejemplo, se basan en factores como arrestos previos, historial laboral y estabilidad financiera – métricas distorsionadas por la desigualdad racial y económica – para clasificar a las personas como reformables o de alto riesgo, reproduciendo antiguas distinciones entre corregibles e incorregibles, ahora aplicadas a las dinámicas modernas de raza y clase.
Mientras tanto, la mala conducta corporativa sigue siendo tratada mediante el derecho civil, administrativo y de equidad, reforzando la idea de que los delitos de las élites son menos criminales que los de la calle. Basta con considerar el indulto de Donald Trump en 2020 a Michael Milken, condenado por delitos financieros durante la crisis de ahorro y préstamo de los años ochenta.
Al defender el indulto, Trump elogió la agudeza empresarial de Milken y afirmó que los fiscales lo habían procesado injustamente por sus “mecanismos de financiación innovadores”, que en el pasado solo se habían considerado “infracciones técnicas y violaciones regulatorias”. Esta forma de presentar los hechos ejemplifica cómo las faltas de las élites suelen describirse como desviaciones mal entendidas del espíritu empresarial, vistas como delito solo cuando hay un exceso de regulación.
Dual Justice traza un camino hacia un sistema basado en la equidad, la dignidad y la rendición de cuentas democrática.
Tanto los marcos rehabilitador como regulador conceptualizan el daño a partir de supuestos heredados sobre jerarquías raciales y de clase. A los pobres se les retrata como inherentemente criminales y se les castiga en consecuencia, mientras que los actores corporativos son vistos como dotados por naturaleza y racionales, por lo que su mala conducta requiere únicamente corrección tecnocrática. Por tanto, ninguno de estos marcos enfrenta las causas estructurales del daño.
El castigo no resuelve las desigualdades económicas que alimentan el crimen callejero, y la regulación rara vez interrumpe los incentivos de lucro que sostienen los abusos corporativos. Al sostener este doble estándar, el derecho estadounidense separa el daño económico causado por las élites de la condena moral impuesta a los infractores pobres, perpetuando un sistema que protege a los poderosos, criminaliza a los vulnerables y genera cinismo, resentimiento y demandas de cambio estructural.
Reformar la regulación y enfrentar sus límites
Dual Justice contends that meaningful change requires a dual strategy: institutional reforms to the criminal justice system and regulatory state, and deeper, structural transformations of the political economy that rehabilitative and regulatory ideologies sustain. While pragmatic institutional reforms can yield incremental improvements and alleviate urgent problems, they remain insufficient in providing fundamental change, which can only be achieved through addressing the underlying economic conditions that produce inequality and wrongdoing.
Aunque el libro también aborda la reforma de la justicia penal, este artículo pone énfasis en sus propuestas para reparar el sistema regulador y reconfigurar la gobernanza corporativa. De manera crucial, Dual Justice advierte contra abordar el crimen corporativo con una lógica punitiva que imite la severidad de la represión del crimen callejero. Hacerlo solo ampliaría el Estado carcelario. En su lugar, el libro defiende un enfoque equilibrado de la regulación corporativa, inspirado en el modelo de “regulación responsiva” de Braithwaite y Ayres. Este marco propone una “pirámide de sanciones”, que intensifica la intervención según la gravedad y la frecuencia de la mala conducta.
Un cambio de este tipo requeriría una reinversión significativa en las agencias reguladoras. Sin embargo, los modelos presupuestarios actuales que estiman el costo de funcionamiento de estas agencias suelen ocultar los beneficios financieros de la aplicación de la ley al no considerar los ingresos generados por medio de multas y acuerdos. En consecuencia, agencias como la SEC y la División Antimonopolio del DOJ recuperan habitualmente mucho más de lo que gastan, y aun así su labor se presenta como ineficiente. Por ejemplo, el intento del presidente Trump de recortar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor se basa en una narrativa engañosa sobre sus costos, ignorando las sumas millonarias que ha devuelto a consumidores defraudados. Reconocer los retornos fiscales de una aplicación rigurosa de la ley podría fortalecer el apoyo político para ampliar la capacidad de estas agencias.
El libro también respalda la propuesta de Jennifer Taub de crear una división dedicada del DOJ para procesar delitos financieros complejos.
Al reflexionar sobre el fracaso de la Unidad contra el Fraude en Instituciones Financieras formada tras la crisis de ahorro y préstamo, Dual Justice subraya que cualquier nueva unidad debe contar con autoridad investigadora independiente y con una sólida capacidad de coordinación con los reguladores. Además, debería tener la capacidad de rastrear infractores reincidentes de manera autónoma y podría financiarse redistribuyendo ingresos provenientes de agencias de aplicación que generan recursos.
Otra propuesta aborda la falta de datos sobre la aplicación de la ley en casos de delitos corporativos. Debido a que muchas prácticas empresariales ilegales se resuelven por vías administrativas, existen pocas estadísticas completas sobre infractores corporativos.
Dual Justice propone la creación de una base de datos centralizada que registre las acciones regulatorias y las derivaciones penales entre agencias. Este centro de intercambio de información permitiría a los reguladores identificar a empresas con infracciones repetidas, incluso cuando estén distribuidas entre distintas jurisdicciones, y actuar en consecuencia.
Aun así, el libro reconoce los límites de este tipo de reformas institucionales. Las soluciones regulatorias pueden legitimar una economía política que privilegia el poder corporativo y el lucro por encima del bienestar público. Incluso las acciones penales más agresivas contra empresas siguen siendo herramientas reactivas, incapaces de erradicar los incentivos estructurales que impulsan el crimen corporativo. Por estas razones, el libro aboga por transformaciones político-económicas más radicales en el modelo empresarial.
Más allá de la reforma: Remedios radicales para la justicia económica
Una de las propuestas plantea desmantelar las instituciones financieras para eliminar los incentivos de “demasiado grandes para quebrar” y reducir el riesgo sistémico. Limitar el tamaño de las entidades, por ejemplo restringiendo la exposición bancaria al 3 % del PIB o restableciendo la separación Glass-Steagall entre banca comercial y de inversión, obligaría a las empresas a reducir su tamaño y disminuiría la probabilidad de rescates financiados por los contribuyentes. Al eliminar la garantía implícita de rescate estatal en caso de quiebra, estas medidas reducirían los incentivos para que las grandes corporaciones asuman riesgos imprudentes. Aunque políticamente difíciles, estas reformas han generado interés bipartidista como mecanismos para restablecer la disciplina del mercado y la rendición de cuentas democrática.
En lugar de replicar la lógica punitiva del sistema de justicia en las salas de juntas, Dual Justice defiende lo contrario: aplicar los principios regulatorios utilizados para prevenir el crimen corporativo en las comunidades marginadas económicamente.
Una segunda propuesta plantea un régimen de concesión de estatutos corporativos basado en el Accountable Capitalism Act. Esta medida exigiría que las corporaciones con más de mil millones de dólares en ingresos anuales obtuvieran una licencia federal que imponga obligaciones hacia trabajadores, consumidores y comunidades, no solo hacia los accionistas. La propuesta también permitiría a los fiscales generales estatales demandar la revocación de los estatutos por conducta ilegal y garantizaría la representación de los trabajadores en los directorios, promoviendo así la responsabilidad social, limitando el comportamiento abusivo y frenando los incentivos de maximización de beneficios que conducen al desprecio por el bienestar colectivo.
La tercera y más ambiciosa propuesta aboga por la nacionalización parcial del sector financiero. Esta idea tiene precedentes históricos e internacionales: existen cientos de bancos públicos en todo el mundo, Estados Unidos tuvo participaciones en el First y Second Bank of the U.S., y el estado de Dakota del Norte ha operado con éxito un banco público durante más de un siglo. Los bancos públicos podrían ofrecer alternativas estables y prudentes a las instituciones privadas, generando presión competitiva para un comportamiento financiero más responsable. También podrían prestar servicios a comunidades desatendidas, invertir en proyectos de interés público y promover bienes comunes, abordando las condiciones económicas que alimentan el crimen callejero.
Leer más
Revertir la lógica del castigo
En lugar de replicar la lógica punitiva del sistema de justicia en las salas de juntas, Dual Justice defiende lo contrario: debemos aplicar los principios regulatorios utilizados para prevenir el crimen en los directorios corporativos a las comunidades marginadas económicamente. Esto implica mejorar las condiciones económicas de las comunidades desfavorecidas como estrategia para abordar el crimen callejero.
Las inversiones federales en vivienda pública y escuelas públicas podrían aportar estabilidad económica que reduzca el crimen, mientras que programas de empleo público ofrecerían trabajo digno y con sentido a personas de comunidades criminógenas. En lugar de centrarse en corregir a los individuos, este enfoque regulador en las calles reduciría la precariedad que suele estar en el origen del comportamiento delictivo. Priorizar la justicia económica sobre las medidas punitivas permitiría superar el modelo rehabilitador defectuoso que perpetúa mitos sobre la incorregibilidad individual.
De esta visión surge una propuesta de justicia basada no en la expansión carcelaria ni en ajustes regulatorios, sino en una reorientación profunda de la economía política. El statu quo, que excusa el daño corporativo mientras castiga a los más marginados, ha generado una profunda alienación y cinismo. Pero al reclamar transformaciones político-económicas estructurales que aborden las desigualdades que originan tanto el crimen corporativo como el callejero, Dual Justice traza un camino hacia un sistema basado en la equidad, la dignidad y la rendición de cuentas democrática.
