Cuando el miedo ya no es suficiente
Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha sobrevivido a profundas crisis económicas, a la desaparición de aliados estratégicos y, más recientemente, a oleadas sistemáticas de protestas masivas impulsadas por el descontento social.
Quizás el momento más crítico para la supervivencia del régimen, dejando de lado el colapso del bloque socialista, ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando estallaron protestas masivas simultáneamente en todo el país, exigiendo el fin de la dictadura y desmontando la ficción internacional de un apoyo popular mayoritario. La respuesta del gobierno fue inmediata: detenciones arbitrarias a gran escala, uso de fuerzas policiales y paramilitares contra manifestantes pacíficos, juicios sumarios sin garantías procesales, censura informativa e intensificación del control social.
Por primera vez en años, el principal apoyo externo del régimen cubano dejó de ser una garantía para convertirse en una vulnerabilidad.
A pesar del miedo generado entre la población por las condenas de hasta 25 años de prisión por participar en las protestas, el 11 de julio marcó un punto de inflexión. Los exilios forzados, los cambios legislativos para endurecer las restricciones a la libertad de expresión, el confinamiento forzoso de periodistas en sus hogares, los castigos ejemplares, las expulsiones de centros de trabajo, las amenazas abiertas a la seguridad de los disidentes y sus familias, las patrullas callejeras con perros y la impunidad con la que actúan las fuerzas policiales no han sido suficientes para frenar las protestas.
De hecho, 2025 cerró con 11.268 incidentes de protesta y denuncias ciudadanas—más de un 25 % por encima de los 8.443 registrados en 2024—según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mientras que Prisoners Defenders reportó 134 nuevos presos políticos, lo que elevó el total a 1.197 al cierre del año.
Si bien el gobierno ha tenido cierto éxito en su control social mediante la represión, su adversario hasta ahora ha sido una población exhausta, empobrecida y desarmada. El contexto actual, sin embargo, es radicalmente diferente.
El colapso del suministro de petróleo venezolano y la fragilidad del apoyo mexicano
La destitución del dictador Nicolás Maduro y la posterior subordinación del gobierno venezolano a las directrices de Washington debilitaron gravemente la capacidad de Venezuela para sostener a su principal aliado, el régimen comunista cubano.
Para Cuba, el efecto fue inmediato: menos petróleo, un margen de maniobra menor y una creciente presión exterior en el peor momento de su crisis interna. Durante casi dos décadas, el régimen cubano mantuvo una estabilidad mínima gracias a un flujo constante de petróleo subvencionado proveniente de Venezuela. Ese apoyo hizo posible contrarrestar la ineficiencia estructural del modelo económico cubano y evitar un colapso energético total, al tiempo que se beneficiaba de la reventa de gran parte de ese petróleo.
La destitución de Nicolás Maduro y la reconfiguración del equilibrio regional marcaron un punto de inflexión.
Entre fines de 2024 y fines de 2025, el gobierno cubano reexportó cerca del 60 % del petróleo que recibió de Venezuela, enviando aproximadamente 40 000 de los 70 000 barriles por día recibidos a mercados asiáticos para su reventa comercial, mientras millones de cubanos enfrentaban prolongados apagones y escasez crónica de combustible en medio del colapso energético total de la isla.
México, que había surgido temporalmente como un proveedor clave de energía, se ve ahora limitado en un contexto en el que Estados Unidos amenaza con sanciones comerciales y aranceles a cualquiera que venda petróleo a Cuba. La administración de Donald Trump ha abandonado toda lógica de distensión y ha optado abiertamente por forzar a La Habana a negociar desde una posición de extrema debilidad.
El mensaje es explícito: sin concesiones políticas sustantivas, no habrá alivio económico ni flexibilización de las sanciones.
Sin un proveedor estable dispuesto a asumir los costos de su supervivencia, el régimen cubano enfrenta un dilema sin precedentes: emprender una reforma profunda de un sistema resistente al cambio o gestionar un deterioro continuo que ya no puede ocultarse tras el discurso ideológico.
El reclutamiento forzoso como respuesta del Estado
Más allá de una retórica que oscila entre consignas patrióticas y una ilusoria apertura a negociaciones «sin presión», la respuesta del Estado ha consistido en reforzar el control y la vigilancia sobre los opositores y en movilizar forzosamente a jóvenes para el Servicio Militar, sin información clara ni garantías.
Esto ha generado, como era de esperar, alarma social y denuncias públicas por parte de activistas y disidentes. Hace pocos días, un joven cubano afirmó durante una transmisión en directo que tenía miedo y que no quería formar parte de este reclutamiento, responsabilizando al gobierno de cualquier cosa que pudiera ocurrirle, incluida una posible desaparición forzada.
El gobierno presenta esta estrategia como un deber patriótico, pero en la experiencia cotidiana se percibe como coerción, especialmente entre las familias que temen por la seguridad de sus hijos. El régimen está obligando a sectores de la población a defender activamente el mismo sistema que los oprime.
Este clima se ha visto agravado por muertes y accidentes durante ejercicios militares con armas reales, seguidos de opacidad institucional y de la falta de explicaciones convincentes.
Represión, prisión y tortura: el costo de salir a las calles
En redes sociales y en el exilio, parte del discurso opositor pasó de pedir ayuda humanitaria a llamar abiertamente a una «intervención». En el interior de la isla, donde expresar esa idea puede implicar cárcel, el apoyo real es mucho más difícil de medir; pero la sola aparición de esta postura y su circulación pública revelan una ruptura: para muchos, el cambio dejó de imaginarse como una reforma interna y empezó a concebirse como un resultado impuesto desde fuera. «Es la primera vez que realmente tengo esperanza», me dijo hace poco uno de los pocos amigos que aún no ha logrado escapar del régimen.
Si hace algunos años una intervención militar habría parecido impensable, hoy muchos cubanos la ven como una opción necesaria. No se trata de querer entregar la soberanía del país, sino de una profunda desesperación ante la ausencia de cualquier vía interna para transformar el sistema.
Las heridas de la brutal represión de hace cuatro años siguen presentes. Si los castigos fueron ejemplares entonces, muchos temen que podrían ser aún peores en un contexto de intervención por parte del enemigo histórico del régimen. Saben que la represión en Cuba no es ni reactiva ni improvisada: funciona como una política estructural del Estado destinada a disuadir la disidencia antes de que se expanda. Temen la prisión, pero saben que es aún peor cuando se impone por razones políticas o ideológicas.
Un estudio exhaustivo de Prisoners Defenders, basado en una muestra representativa de presos políticos extrapolable a más de 1.200 personas privadas de libertad por razones políticas, revela un hecho central: el encarcelamiento político en Cuba implica de manera sistemática tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El régimen está obligando a sectores de la población a defender activamente el mismo sistema que los oprime.
Dicho de otro modo, la tortura en Cuba por motivos políticos no es ni esporádica ni aislada. La detención incomunicada con familiares y abogados, la negación deliberada de atención médica, el confinamiento prolongado en aislamiento, las agresiones físicas y la humillación constante forman parte del mismo engranaje: una técnica administrativa ordinaria, aplicada con medios simples y con total impunidad.
Este carácter sistemático cumple una función precisa. La prisión no opera únicamente como castigo posterior a la protesta, sino como un mecanismo preventivo de control social. En un país marcado por apagones prolongados, escasez y agotamiento colectivo, el mensaje es claro: es preferible pasar hambre en casa que ser torturado en las prisiones del Estado.
Conclusión: la dictadura cubana ante un umbral desconocido
No es posible anticipar qué ocurrirá en los próximos días. Lo que sí puede afirmarse es que Cuba ya no opera dentro de los parámetros que durante décadas permitieron al régimen gestionar las crisis internas como asuntos estrictamente domésticos. La combinación del colapso energético, las protestas persistentes y la pérdida de apoyos externos ha desplazado el problema cubano hacia una esfera más amplia, en la que las decisiones tomadas fuera de la isla pesan tanto como las adoptadas en La Habana.
La destitución de Nicolás Maduro y la reconfiguración del equilibrio regional marcaron un punto de inflexión. Por primera vez en años, el principal apoyo externo del régimen cubano dejó de ser una garantía y se convirtió en una vulnerabilidad. En este contexto, la intervención ya no aparece simplemente como un eslogan marginal o una amenaza retórica, sino como una posibilidad estratégica que forma parte de los cálculos de actores externos y del propio discurso oficial del gobierno cubano.
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El escenario sigue abierto y su evolución dependerá de una combinación inestable de presión internacional, decisiones políticas y respuestas del régimen. La única certeza es que el caso cubano ha dejado de ser un expediente congelado: se ha convertido en un problema activo del orden regional, cuyo desarrollo ya no puede leerse exclusivamente a través de una lente interna. Como mínimo, el gobierno de EE. UU. ahora afirma que existen canales de diálogo y que las autoridades cubanas están participando, aunque con cautela, en conversaciones en curso.
