La Ley 21, oficialmente conocida como la "Loi sur la laïcité de l'État" (Ley de laicidad del Estado), fue promulgada en junio de 2019 en la provincia de Quebec, Canadá. Esta legislación prohíbe a ciertos empleados públicos, como profesores, policías y jueces, llevar símbolos religiosos visibles mientras desempeñan sus funciones. La ley se ha presentado como un esfuerzo para promover la laicidad y la neutralidad religiosa del Estado en una sociedad diversa, reflejando los valores de la laicidad que son fundamentales en la cultura e historia de Quebec.
Cuestionando la justificación
Sin embargo, sostengo que esta ley no está justificada ni desde el punto de vista de los fundamentos del laicismo ni de sus propósitos. Debería ser neutral, pero no lo es. Debería apuntar a la libertad de conciencia y la igualdad de los ciudadanos, pero lejos de realizar estos dos principios, los traiciona al afectar desproporcionadamente los derechos de las mujeres musulmanas. El laicismo debería ser un instrumento político imparcial que fomente el respeto por las identidades morales de los ciudadanos, no un mecanismo de exclusión y discriminación contra grupos minoritarios.
Principios del laicismo
Para comprender la profundidad de esta controversia, es esencial reconocer que el laicismo se define por dos principios: la separación de poderes entre la política y la religión, y la neutralidad del Estado hacia diversas convicciones religiosas o filosóficas. Estos dos principios tienen como objetivo garantizar la igualdad moral de los ciudadanos y su libertad de conciencia. En ausencia del primero, la libertad de conciencia se ve amenazada porque la ciudadanía requiere la adhesión a una religión pública. En ausencia del segundo, la igualdad entre los ciudadanos está en peligro, ya que las personas pueden ser tratadas de manera diferente según sus creencias religiosas. Así, la misma esencia de la Ley 21 parece contradecir los valores fundamentales que afirma defender, dando lugar a un debate complejo y multifacético sobre el papel del laicismo en la sociedad moderna.
Por lo tanto, cuando el Artículo 4 de la Ley 21 establece que "la laicidad del Estado exige el respeto a la prohibición de llevar un símbolo religioso", esta afirmación debería estar justificada mostrando que el uso de símbolos religiosos constituye una infracción al principio de separación de poderes entre el Estado y las religiones o a la neutralidad religiosa del Estado. ¿Es este el caso?
En cuanto al principio de separación, ni la autorización ni la prohibición de llevar símbolos religiosos por parte de los empleados en cargos de autoridad dicen nada sobre el respaldo oficial, la financiación pública de la educación religiosa o la promoción estatal de una o más religiones. De hecho, la Ley 21 no aborda cuestiones como el financiamiento de escuelas religiosas privadas y la eliminación de créditos fiscales para organizaciones religiosas y otros beneficios otorgados por razones religiosas. Son estas áreas, no el uso de símbolos religiosos, las que deben examinarse para determinar si se cuestiona el principio de separación entre la religión y el Estado en Quebec.
En lo que respecta al principio de neutralidad, es difícil ver cómo cualquiera de sus posibles interpretaciones podría justificar la Ley 21. Según la neutralidad de oportunidades, un Estado es neutral cuando ofrece a todos los estilos de vida la posibilidad de beneficiarse de las mismas oportunidades. Según la neutralidad de efectos o consecuencias, las políticas gubernamentales deben buscar tener un impacto similar en todas las concepciones del bien. Según la neutralidad de propósitos, el Estado no debe buscar favorecer una concepción del bien sobre otras ni hacer nada para que sea más probable que las personas acepten una concepción particular en lugar de otra. Según la neutralidad de justificación, el Estado no puede justificar sus políticas basándose en una concepción específica del bien o considerar una concepción del bien como mejor que otras o hacer referencia a su valor intrínseco. Finalmente, según la neutralidad de tratamiento, un Estado es neutral cuando asiste o dificulta de manera equivalente a concepciones rivales del bien. Por lo tanto, un Estado viola la neutralidad de tratamiento cuando sus políticas son más favorables o menos favorables para ciertas concepciones del bien que para otras.
Consecuencias y discriminación
La pregunta que surge, por lo tanto, es cuál concepción de neutralidad se viola cuando los empleados estatales usan un símbolo religioso. Evidentemente, la neutralidad de oportunidades, efectos y propósitos no son relevantes. El hecho de que algunos empleados usen símbolos religiosos no significa que el Estado se abstenga de ofrecer oportunidades de ciertos estilos de vida que ofrece a otros, ni que tales signos se traduzcan en políticas que tengan impactos diferentes en otras concepciones del bien. Además, simplemente no es posible deducir que cuando el Estado permite el uso de símbolos religiosos por parte de sus empleados, en realidad está buscando favorecer una concepción religiosa en particular.
Quizás la concepción de neutralidad más adecuada para justificar la Ley 21 sea la de la justificación. Esta concepción permite argumentar que cuando los empleados públicos llevan un símbolo religioso, actúan como representantes del Estado, y tales signos pueden ser percibidos como evidencia de un juicio sobre el valor de la religión. El hecho de que el Artículo 3 de la Ley 21 establezca que "la laicidad del Estado exige" que se respeten "en la realidad y en la apariencia" los principios en los que se basa la laicidad probablemente tiene como objetivo evitar que el Estado sea percibido como emitiendo un juicio sobre el valor intrínseco de los símbolos religiosos llevados por sus empleados. Sin embargo, es evidente que la aceptación del uso de símbolos religiosos por parte de funcionarios públicos no se refiere a la aprobación del valor intrínseco de sus concepciones del bien. En cualquier caso, podría interpretarse como un reconocimiento del valor de la religión para la identidad moral de los empleados que llevan un símbolo religioso. Lejos de constituir una violación del principio de neutralidad, un servicio público que refleja la diversidad cultural y religiosa de una sociedad muestra imparcialidad e inclusión democrática.
Además, un servicio público visiblemente uniforme no es necesariamente neutral, simplemente porque no existe una relación necesaria entre el uso de un símbolo religioso y las acciones basadas en la fe religiosa en el contexto de un trabajo. Los empleados del sector público deben ser evaluados en función de sus acciones, no de las opiniones atribuidas a ellos por la manifestación de su creencia. Además, como dice el filósofo quebequense Michel Seymour, la prohibición de símbolos religiosos de los empleados traiciona una falta de neutralidad hacia la religión, ya que tal intervención va en contra de una forma particular de vivir la religión mientras favorece a las religiones que se adaptan fácilmente a la ausencia de signos ostentosos. Constituye, en pocas palabras, una violación de la neutralidad de tratamiento.
En lo que respecta a los propósitos del laicismo, el hecho de que la Ley 21 discrimine indirectamente a los empleados que llevan símbolos religiosos constituye un alejamiento considerable del principio de igualdad moral. Estudios han señalado, por ejemplo, que esta ley afecta de manera desproporcionada a las mujeres que usan el hiyab, el niqab u otras formas de cubrimiento de la cabeza, lo que resulta en efectos discriminatorios basados en la intersección de la religión y el género. Las mujeres musulmanas se ven particularmente afectadas, no solo debido al gran número de ellas que usan el hiyab, sino también debido a su presencia en el sector público, lo que las convierte en la mayor minoría religiosa afectada por esta ley. De hecho, algunas de las profesiones objetivo de la prohibición se encuentran en sectores donde las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser empleadas, como educadoras. Por lo tanto, la Ley 21 pone obstáculos en el camino de las oportunidades de empleo para las mujeres musulmanas que aspiran a estos cargos, al tiempo que impide que aquellas que ya ocupan puestos obtengan ascensos profesionales.
La historiadora de McGill, Elizabeth Elbourne, ha afirmado que observó la "profunda angustia" causada por el impacto de la Ley 21 en los estudiantes. Junto con otros investigadores, llevó a cabo un estudio para examinar cómo esta ley afecta las elecciones profesionales y las experiencias de discriminación de los estudiantes en las facultades de derecho y educación de Quebec. La investigación mostró que el 34% de los encuestados informaron un aumento en la discriminación desde la adopción de la ley. Más de la mitad dijo que buscaría trabajo fuera de Quebec debido a la Ley 21. Justice Femme, una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, ha denunciado que el acoso contra las mujeres musulmanas ha aumentado considerablemente en Quebec desde la introducción de la Ley 21. A partir de ese momento, las mujeres musulmanas han informado de una amplia gama de incidentes. Son objeto de comentarios agresivos y agresiones físicas en público (incluidos intentos de arrebatar el hiyab y un caso de escupir a una mujer). Deben enfrentar el acoso y la intimidación no solo en el trabajo, sino también en Internet, lo que ha llevado a varias mujeres a eliminar las fotos de perfil en las que aparecían con su hiyab.
Conclusión
El Artículo 2 de la Ley 21 establece que la laicidad del Estado se basa en el principio de igualdad, pero no impone restricciones religiosas a aquellos cuyas identidades morales no requieren el uso de un símbolo religioso. Estas personas pueden elegir carreras de su elección sin tener que renunciar a un componente central de su identidad moral, sin traicionar su religión. La ley también afirma estar basada en la libertad de conciencia, pero contiene una disposición derogatoria por la cual se exime de la aplicación de la Carta de Derechos y Libertades. Pide a algunos de sus empleados que elijan entre sus compromisos morales y sus carreras profesionales, entre su integridad moral y la oportunidad de seguir una carrera de su elección. La libertad de conciencia exige el derecho a la protección contra cualquier acción del Estado que restrinja a las personas en el cumplimiento de lo que entienden como sus obligaciones morales y sirve de base para las exenciones de leyes y reglas que les impiden actuar de acuerdo con estas obligaciones. Si la laicidad tiene como objetivo realizar el principio de libertad de conciencia, la Ley 21 tiene como objetivo restringirla.
