La peligrosa reelección del "dictador más guay"

Frente a la elección entre seguridad y derechos humanos, El Salvador opta por un líder antiestablecimiento que reduce la delincuencia pero compromete los valores democráticos.

Ceremonia de juramentación constitucional de Nayib Bukele para el período 2019-2024. Foto de Carlos Moronta.

Ascenso al poder

Nayib Armando Bukele Ortez, el exalcalde de San Salvador y líder que presume uno de los índices de aprobación doméstica más altos a nivel mundial, se convirtió en el primer presidente surgido fuera del sistema bipartidista tradicional desde la Guerra Civil Salvadoreña. Su propia creación, el partido Nuevas Ideas, se alinea con la ideología de la Tercera Vía, buscando un equilibrio entre el liberalismo económico y las políticas sociales.

A menudo comparado con Trump por su retórica populista antiestablecimiento y sus frecuentes críticas a los medios, Bukele ha obtenido un significativo apoyo civil mediante su efectiva restauración de la seguridad, a pesar de numerosas acciones que socavan los principios democráticos.

La estrategia de seguridad de Bukele en El Salvador está inspirando a países vecinos a adoptar enfoques similares.

El joven líder ha ganado el apodo de "el Dictador más guay del Mundo" gracias a su hábil uso de la tecnología, evidenciado por su iniciativa de reconocer al bitcoin como moneda de curso legal, y su competente manejo de las redes sociales, un título que asume en X (anteriormente conocido como Twitter) para desviar las críticas de forma irónica.

Al asumir el cargo en 2019, Bukele prometió traer estabilidad y seguridad a una nación azotada por las tasas de homicidio más altas del mundo, consecuencia de la violencia desenfrenada de pandillas. Al principio de su mandato, reveló el "Plan de Control Territorial", destinado a reforzar la presencia policial y mejorar las capacidades de la policía nacional civil y las fuerzas armadas.

Estado de emergencia y encarcelamiento masivo

El 26 de marzo de 2022, un violento enfrentamiento entre las dos mayores pandillas del país resultó en el asesinato de 62 personas en un solo día. En respuesta, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, activó el Artículo 29 de la Constitución al día siguiente, declarando un estado de emergencia que permitía la suspensión de ciertas libertades civiles por razones de seguridad nacional. Este estado de emergencia ha sido renovado 24 veces hasta la fecha, cada extensión con la duración máxima permitida de 30 días, con funcionarios afirmando que la política persistirá hasta que la presencia de pandillas sea erradicada de las calles.

Numerosos jóvenes han reportado ser detenidos sin causa justa o evidencia de afiliación a pandillas.

El despliegue integral y el armamento de las fuerzas militares han encabezado una vigorosa campaña que ha llevado a un encarcelamiento generalizado. Notablemente, el gobierno ha inaugurado el Centro de Confinamiento por Terrorismo en Tecoluca, ahora entre las prisiones más grandes del mundo, con celdas para castigo y facilidades de trabajo, diseñado para albergar hasta 40,000 internos.

Múltiples informes y evidencia en video que circulan en redes sociales resaltan graves violaciones a los derechos humanos y condiciones de vida deplorables dentro de estas instalaciones de detención.

Bukele ha emitido públicamente amenazas de retener alimentos a los prisioneros si cualquier miembro de pandillas en libertad participa en actividades criminales. Además, numerosos jóvenes han reportado ser detenidos sin justa causa o evidencia de afiliación a pandillas, basándose únicamente en la presencia de tatuajes o residencia en áreas de alto riesgo.

Esta suspensión del derecho a ser informado sobre las razones de su arresto ha llevado a numerosos casos de detención arbitraria. Sumando a la controversia, en 2022, el Viceministro de Justicia declaró planes para demoler las marcas de tumbas de miembros de pandillas fallecidos como estrategia para desmantelar la idolatría de figuras criminales.

Tasas récord

Las agresivas tácticas empleadas por el gobierno han reducido drásticamente la violencia, como lo demuestra la detención de 75,000 individuos sospechosos de conexiones con pandillas, lo que provocó una notable disminución en las tasas de homicidio del país. De liderar el mundo en 2018 con una tasa de 52 homicidios por 100,000 personas —y una cifra aún más alarmante de 103 en 2015— la tasa se desplomó a 2.4 por 100,000 al final de 2023. Esta tasa no solo sitúa a El Salvador por debajo de casi todos los demás países latinoamericanos, sino también por debajo del promedio mundial.

En consecuencia, 2023 vio a El Salvador alcanzar la tasa de encarcelamiento más alta a nivel mundial. A pesar de las implicaciones de tal estadística, la población en general ha respaldado estas medidas estrictas, expresando un sentido de seguridad sin precedentes en la memoria reciente. Esta amplia aprobación pública ha impulsado las tasas de aprobación del presidente Bukele, manteniéndose constantemente alrededor del 90% durante su mandato.

El éxito de la estrategia de seguridad de Bukele ha resonado más allá de las fronteras de El Salvador, incitando a países vecinos que enfrentan desafíos similares a adoptar enfoques comparables. Por ejemplo, la administración Castro en Honduras declaró un estado de emergencia hacia finales de 2022 en un esfuerzo por frenar la violencia y la criminalidad, aunque sin lograr el impacto significativo visto en El Salvador. De manera similar, a principios de 2024, el recién inaugurado presidente Noboa de otra nación regional introdujo medidas tales como suspender el derecho de reunión, infringir la santidad de los hogares privados y hacer cumplir un toque de queda a nivel nacional, reflejando las políticas salvadoreñas.

Acciones anti-democráticas controvertidas

La administración ha estado envuelta en numerosas controversias, entre ellas, no menos importante, acusaciones de negociaciones encubiertas con el MS-13, una banda notoria en la región. Además, el estado de emergencia ha otorgado al poder ejecutivo la capacidad de eludir la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, manejando fondos sin la supervisión habitual.

Las preocupaciones de la comunidad internacional sobre signos de creciente autoritarismo en El Salvador están bien fundamentadas.

Durante la crisis constitucional conocida como "9F" (9 de febrero) en 2020, el presidente Bukele escaló las tensiones al desplegar 40 militares en la Asamblea Legislativa en medio de creciente agitación política. Esta acción enérgica, destinada a asegurar la aprobación de un préstamo para financiar el Plan de Control Territorial, fue ampliamente criticada como un intento de golpe de Estado.

En una medida que tensionó aún más las normas democráticas, la Asamblea dominada por el partido Nuevas Ideas despidió al Fiscal General y a cinco Jueces de la Corte Suprema que eran críticos con los métodos de Bukele. Posteriormente, el cuerpo legislativo experimentó un cambio significativo con la reducción de sus escaños de 84 a 60, consolidando así más poder dentro del partido gobernante. Este patrón de disminución de la separación de poderes es indicativo de una tendencia más amplia observada en otras naciones con regímenes populistas, donde los líderes han buscado fortalecer su control sobre el poder, reflejando desarrollos en países como México e Israel.

Reelección constitucional cuestionable

En una medida controvertida, la Corte Suprema recién nombrada en septiembre de 2021 revirtió una sentencia de 2014 que mandaba un intervalo de diez años entre los periodos presidenciales, permitiendo así la reelección inmediata. Esta decisión fue recibida con críticas de eruditos legales que argumentaron que contravenía múltiples cláusulas constitucionales, incluyendo el Artículo 152, que prohíbe a cualquiera servir como presidente si ha ocupado el cargo en los seis meses anteriores al nuevo término. Para alinearse con esta estipulación, Bukele tomó un permiso temporal de la presidencia, desde el 1 de diciembre de 2023, hasta el 31 de mayo de 2024, nombrando a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como presidenta interina hasta que comenzara su subsiguiente mandato.

El 4 de febrero de 2024, Bukele fue reelegido presidente con el 83% de los votos, según anunció el Tribunal Supremo Electoral. El segundo candidato, Manuel Flores, obtuvo menos del 7% de los votos. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, aseguró 58 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa, asegurando una mayoría abrumadora.

Dirigiéndose a una multitud jubilosa desde el balcón presidencial, Bukele proclamó su victoria como un momento histórico para que un solo partido gobierne en lo que él denominó un "sistema puramente democrático". Criticó a organismos internacionales como la ONU y la OEA, acusándolos de entrometerse en los asuntos internos salvadoreños, contrariamente a la clara preferencia de la población expresada a través del voto. Bukele también reprendió a países como España, acusándolos de encarnar el ‘colonialismo’ y el ‘elitismo’ mientras se posicionan como ejemplos democráticos para El Salvador.

También destacó la transformación de El Salvador de uno de los países más peligrosos del mundo al más seguro del Hemisferio Occidental, desafiando la narrativa de que los salvadoreños están oprimidos o adversos al estado de emergencia. En cambio, retrató a El Salvador como una nación resuelta en sus elecciones de gobernanza.

El complejo compromiso

En el delicado balance entre las libertades civiles y la seguridad pública, el pueblo de El Salvador ha emitido su voto, optando por la seguridad a costa de principios democráticos y libertades personales. El presidente Bukele ha argumentado que, bajo el principio de soberanía nacional, los salvadoreños tienen el derecho de elegir su propia forma de gobernanza, especialmente dada su historia de violencia endémica que sigue siendo en gran medida incomprensible para los externos.

Sin embargo, la historia ha demostrado que las dictaduras a menudo emergen de una base de amplio apoyo público, solo para degenerar en regímenes que suprimen a los mismos ciudadanos que inicialmente prometieron salvaguardar. Los principios de derechos humanos y la separación de poderes se mantienen como pilares fundamentales de cualquier democracia que reclame tal título. Estos principios no pueden ser comprometidos o aplicados selectivamente sin socavar el mismo tejido de la gobernanza democrática. Las preocupaciones de la comunidad internacional sobre signos de autoritarismo creciente en El Salvador están bien fundamentadas, particularmente a la luz de tendencias similares en países vecinos.

Esta postura cautelar sirve como recordatorio de que el atractivo de la seguridad y estabilidad inmediatas puede conducir a la erosión de los valores democráticos y las libertades individuales que forman la piedra angular de una sociedad verdaderamente libre.

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Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Ciencias Aplicadas Rhine-Waal (Alemania), especializada en América Latina. Consultora Junior para el sector público en Cooperación al Desarrollo.