El 12 de abril de 2026, los votantes húngaros dieron al partido Tisza de Péter Magyar 138 de los 199 escaños del Parlamento, una mayoría constitucional, con una participación récord del 79,5 %, según las cifras preliminares analizadas por el Centro de Estudios Orientales de Varsovia (OSW). Viktor Orbán, primer ministro desde 2010, felicitó a su rival. El resultado da una forma concreta a una pregunta muy antigua. ¿Fue legítimo el gobierno de Orbán durante los años en que siguió ganando? La legitimidad política es el derecho a gobernar, a diferencia del mero poder de gobernar, y la respuesta depende de qué se piense que crea ese derecho.

Un gobierno que perdió con sus propias reglas

En julio de 2014, Orbán dijo ante un auditorio en Băile Tușnad, Rumania, que su gobierno estaba construyendo un «Estado iliberal» dentro de la Unión Europea. Afirmó que no rechazaba la libertad, pero que el liberalismo dejaría de ser el principio organizador del Estado (Attila Juhász resumió el discurso para la Fundación Heinrich Böll).

Doce años después, los observadores internacionales describieron las elecciones de 2026 con dos frases que tiran en direcciones opuestas. Los votantes estaban movilizados y tuvieron una opción genuina. Sin embargo, el terreno de juego era desigual, porque el partido gobernante disfrutaba de ventajas sistémicas que desdibujaban la línea entre el Estado y el partido (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, APCE).

Ambas afirmaciones describen la misma votación. Los gobernados pudieron destituir a su gobierno, y lo hicieron. Pero el gobierno había pasado años moldeando el terreno en el que podía ser destituido. Esa es la tensión que examina este ensayo. Ensayos anteriores de PRR sobre el auge del iliberalismo y sobre por qué el iliberalismo explica los cambios en el orden social actual abordan cuestiones afines, al igual que un artículo sobre los tribunales constitucionales y la integridad electoral.

La legitimidad política se manifiesta en la capacidad de perder: no en el momento de la victoria, cuando todo gobierno parece legítimo, sino en el momento de la derrota, cuando solo algunos se van.

Las instituciones discrepaban sobre cómo describir ese régimen. El 15 de septiembre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución, por 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones, que calificó a Hungría de régimen híbrido de «autocracia electoral» y constató un claro riesgo de violación grave de los valores en que se funda la Unión, en virtud del artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo).

Los 123 votos en contra muestran que el veredicto fue controvertido. La etiqueta también encaja mal con el resultado de abril, porque subraya la forma de las elecciones sin atender a su efecto, y estas elecciones desalojaron al gobierno saliente.

Hay que precisar dos términos, y la ciencia política ya dispone de un vocabulario para ello. David Easton, quien moldeó el estudio del apoyo político, distinguió tres objetos de apoyo: la comunidad política, el régimen, que concibió como las «reglas del juego» que permiten mantener un sistema político, y las autoridades, las personas que ocupan cargos públicos (según se resume en la International Encyclopedia of Political Science).

Este ensayo utiliza su término intermedio. Un régimen es el conjunto de reglas e instituciones mediante las cuales se conquista y se conserva el poder. Se distingue del gobierno en funciones, que cambia, y del Estado, el aparato permanente que sobrevive a un cambio de gobierno. En abril, el Estado húngaro no se tambaleó. Lo que se puso a prueba fue su régimen.

Legitimidad política: creencia, justificación, consentimiento

Los filósofos responden a la pregunta de tres maneras principales. La primera es descriptiva. Max Weber sostuvo que todo sistema de autoridad descansa en una creencia, y distinguió tres fuentes de esa creencia: la tradición, el carisma y la legalidad (la confianza depositada en reglas aplicadas mediante el derecho). Según este planteamiento, la legitimidad política es un hecho sobre lo que la gente cree: un gobierno es legítimo cuando sus súbditos creen que lo es, cualesquiera que sean sus razones.

La segunda respuesta es normativa: la legitimidad política depende de un criterio que el gobierno debe cumplir, crea o no alguien en él. El principio liberal de John Rawls sostiene que el poder político es legítimo solo cuando se ejerce conforme a una constitución cuyos elementos esenciales pueden ser aceptados por todos los ciudadanos, en cuanto personas razonables y racionales.

Rawls lo trata como una exigencia más débil que la justicia, de modo que las instituciones justas son necesariamente legítimas, pero las legítimas no son necesariamente justas (como señala Fabienne Peter en la Stanford Encyclopedia of Philosophy).

A. John Simmons añade una distinción que importa aquí. Mostrar que los Estados en general están moralmente justificados es una tarea. Mostrar que un Estado particular, existente históricamente, es legítimo es otra, y para Simmons exige el consentimiento efectivo de sus ciudadanos.

Joseph Raz ofrece una tercera vía normativa, la concepción del servicio: una autoridad está justificada cuando sus súbditos cumplen mejor con las razones que ya se les aplican si siguen sus directivas que si actúan según su propio juicio.

La tercera respuesta combina las anteriores. En The Legitimation of Power (1991), David Beetham sostiene que las tres categorías de Weber son tipos de creencia, que constituyen solo un componente de la legitimidad (según resume el Governance and Social Development Resource Centre). La legitimidad tiene tres niveles: conformidad con las reglas establecidas, justificabilidad de esas reglas por creencias que comparten gobernantes y gobernados, y consentimiento expresado por los gobernados. Una infracción de las reglas produce ilegitimidad; una brecha entre las reglas y las creencias compartidas produce un déficit de legitimidad; el consentimiento retirado produce deslegitimación.

El esquema de legitimidad política de Beetham encaja bien con el caso húngaro. El primer nivel es la prueba más débil, porque un gobierno que escribe las reglas siempre puede cumplirlas. La disputa se juega en el segundo y el tercer nivel: si las reglas pueden justificarse ante quienes viven bajo ellas, y si el consentimiento que estos otorgan es una señal genuina.

El consentimiento otorgado en un terreno inclinado a favor del oficialismo es una prueba más débil de aprobación que el otorgado en un terreno parejo. Y hay que distinguir lo que Stefan Sciaraffa, en la entrada sobre la autoridad de la Stanford Encyclopedia, llama autoridad de facto, que un Estado posee cuando mantiene el orden y es obedecido en general, de la autoridad normativa, el derecho a ser obedecido. El gobierno de Orbán tenía claramente la primera. La pregunta es sobre la segunda.

Tres fundamentos, tres veredictos

Los trabajos recientes afinan estas opciones. En un artículo de 2020 publicado en la revista Journal of the American Philosophical Association, Fabienne Peter sostuvo que los debates sobre la legitimidad política, que suelen preguntar cuánto peso merecen el procedimiento y los resultados, pasan por alto una cuestión previa: ¿qué le da a la legitimidad su fuerza normativa? Clasificó las respuestas en concepciones basadas en la voluntad, en la creencia y en los hechos, objetó cada una de ellas y defendió una concepción híbrida.

La clasificación es útil porque cada fundamento da un veredicto distinto sobre Hungría. Una concepción basada en la voluntad pregunta si los ciudadanos consintieron realmente, y la participación récord muestra que pudieron actuar conforme a su voluntad. Una concepción basada en la creencia, la de Weber, pregunta si creyeron en el orden vigente, y los años en que el partido de Orbán siguió ganando elecciones son indicio de que muchos lo hicieron.

Una concepción basada en los hechos pregunta si el régimen cumplió un criterio que se sostiene con independencia de la voluntad o la creencia de nadie, y la constatación de los observadores de un terreno desigual sugiere que no llegó a cumplirlo del todo. El libro de 2024 de Matthias Brinkmann defiende uno de esos criterios centrados en los resultados, el instrumentalismo, la tesis de que la legitimidad política descansa en promover la justicia (Oxford Academic).

Facing Authority (Oxford University Press, 2023), de Thomas Fossen, niega que cualquiera de estos criterios pueda aplicarse desde fuera. En su planteamiento pragmatista, calificar un régimen de legítimo o ilegítimo es adoptar una postura frente a él: acatarlo, apoyarlo, resistirlo o eludirlo (como resume el reseñista Matthew Noah Smith en Notre Dame Philosophical Reviews). Desde esta lectura, los votantes húngaros no descubrieron si su régimen era legítimo.

Al votar para sacar al gobierno, emitieron un juicio sobre él. Esa lectura tiene un costo. Fossen, según lo interpreta la reseña, sostiene que los principios sustantivos de la autoridad legítima no son ni correctos ni incorrectos, de modo que su planteamiento no deja espacio para afirmar que el criterio de los observadores, un terreno parejo, era el adecuado. El argumento de este ensayo exige que esa afirmación sea posible.

El Mandato del Cielo y los límites del desempeño

El vocabulario liberal no es el único disponible para pensar la legitimidad política. En la tradición china, según relata Bryan Van Norden en su entrada sobre Mencio en la Stanford Encyclopedia, los fundadores de la dinastía Zhou justificaron su dominio alegando que el Cielo se lo había encomendado y que el Cielo favorece a quienes poseen virtud.

Según esa misma lectura, los últimos gobernantes Zhou habían perdido el favor del Cielo. De ahí se desprenden dos lecciones. La legitimidad depende de la conducta, no de ocupar un cargo. Y puede perderse.

Los especialistas discrepan sobre hasta qué punto Mencio convierte al propio pueblo en la fuente de esa autoridad. Bai (2008) encuentra en su pensamiento un posible fundamento de la democracia, mientras que Tiwald (2008) advierte contra sobrestimar hasta dónde llega. Lo que el desacuerdo deja intacto es el carácter condicional del mandato.

Esta tradición suele leerse como un argumento a favor de la legitimidad por desempeño: los gobernantes merecen gobernar si garantizan orden y bienestar. Hungría muestra por qué eso no basta, por sí solo, para responder a nuestra pregunta. Un gobierno puede generar crecimiento y, aun así, no cumplir el criterio que fijan Rawls y Beetham.

Un gobierno que gobierna mal puede conservar su legitimidad política si sus ciudadanos conservan un poder real para reemplazarlo. Lo que comparten el Mandato del Cielo y el principio liberal no es una teoría del desempeño ni del consentimiento. Comparten la negativa a tratar la posesión del cargo como prueba del derecho a ejercerlo.

Dos objeciones: los votantes lo eligieron y nadie debe obediencia

La mejor respuesta viene del lado weberiano. El partido de Orbán ganó elecciones, los ciudadanos acudieron a votar y, en 2026, retiraron su creencia en las urnas. Antes de eso, él la tenía, y la legitimidad no es más que creencia. La inclinación del terreno es una queja sobre la equidad, no sobre la legitimidad.

La objeción falla por dos razones. Primero, la creencia es un indicio de legitimidad política, no su contenido. Si la sola creencia volviera legítimo a un gobierno, entonces todo lo que produce creencia produciría legitimidad, incluidas las ventajas que describieron los observadores. El concepto mediría el éxito de un gobierno en persuadir y ya no podría criticar a ningún gobierno que persuada bien. Un concepto que no puede criticar sirve de poco a los ciudadanos que más lo necesitan.

Una supermayoría es justamente la condición en la que un gobierno se siente tentado a hacerse más difícil de remover.

En segundo lugar, la objeción no puede explicar la concesión. Orbán reconoció la derrota y felicitó a su rival. Aceptó que el pueblo que podía destituirlo lo había destituido. Ese acto solo tiene sentido si el régimen contenía todavía, en el momento decisivo, una regla que todos los presentes trataban como obligatoria: el perdedor se va.

La inclinación del terreno redujo la competitividad de la contienda, pero no abolió el principio que daba autoridad al resultado. Aquí la legitimidad política admite grados. Un régimen que inclina el terreno es menos legítimo, no ilegítimo, y cuánto menos no puede leerse únicamente a partir del porcentaje de votos.

Otra objeción viene de la dirección opuesta. Robert Paul Wolff sostuvo que reclamar autoridad es reclamar el derecho a ser obedecido, y que las personas racionales deben actuar según su propio juicio moral, de modo que una autoridad política entendida como un deber de obediencia nunca es legítima. Si Wolff tiene razón, el régimen de Orbán y el de Tisza son igualmente ilegítimos, y la comparación que traza este ensayo se derrumba.

La respuesta no necesita refutar a Wolff, cuyo planteamiento sobre la autonomía es serio. Le basta con advertir qué deja en pie su conclusión. Esa conclusión se refiere a un deber de obedecer. Por sí sola no jerarquiza las formas de ejercer el poder, y los ciudadanos que no deben obediencia a sus gobernantes siguen teniendo razones para preferir gobernantes a quienes puedan remover. Esa preferencia es lo que este ensayo llama el derecho a perder, y sobrevive a la premisa anarquista.

Una prueba operativa: ¿habrían podido perder?

Si la capacidad de perder mide la legitimidad política, puede convertirse en tres preguntas que un observador puede plantear a cualquier régimen sin resolver antes la disputa filosófica.

• Primero, ¿puede la oposición competir en condiciones que sus partidarios aceptarían como aproximadamente justas? Es lo que examinaron observadores como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuando constataron que el terreno húngaro era desigual.
• Segundo, ¿se cuentan los resultados y los acepta el perdedor? La concesión responde a eso en el caso de 2026.
• Tercero, ¿deja el ganador las reglas bajo las que ganó abiertas al mismo desafío?

Las dos primeras pueden juzgarse durante una elección y justo después de ella, y la tercera solo con el paso del tiempo. A grandes rasgos, siguen los niveles de Beetham: reglas que pueden justificarse, consentimiento realmente expresado y un gobierno que respeta unas reglas que no reescribió para protegerse. La prueba es una propuesta, no un método establecido, y observadores razonables pueden ponderar las tres preguntas de manera distinta.

El derecho a perder

La distinción de Simmons puede ahora ponerse a trabajar. El Estado húngaro no fue lo que puso a prueba el voto de abril. Lo que estaba en juego era la legitimidad de un régimen particular, y la prueba consistía en saber si los gobernados podrían retirar su consentimiento y lograr que esa retirada fuera acatada.

Podrían. Este es el sentido en que la legitimidad política se manifiesta en la capacidad de perder: no en el momento de la victoria, cuando todo gobierno parece legítimo, sino en el momento de la derrota, cuando solo algunos se van.

Esa prueba recae ahora sobre el ganador. Tisza posee una mayoría constitucional y planea desmantelar partes del sistema anterior mediante reformas constitucionales (según el OSW). Una supermayoría es justamente la condición en la que un gobierno se siente tentado a hacerse más difícil de remover.

La legitimidad política del nuevo régimen no se resolverá por el tamaño de su victoria. Se resolverá por si deja a la próxima oposición un terreno lo bastante parejo para ganar.