En enero de 1978, un funcionario de la Diócesis de Springfield, Illinois, redactó un memorando dirigido al obispo Joseph McNicholas. Un capellán de alto rango del Ejército de Estados Unidos había llamado por teléfono para informar de que un capellán que pasaba a retiro y buscaba destino en la diócesis, el padre Alvin Campbell, “tiene un problema moral con niños y jóvenes varones”. Menos de un mes después, el obispo nombró a Campbell párroco de una parroquia.

¿Quién rinde cuentas cuando una institución recibe la noticia de un peligro y procede como si no la hubiera recibido? La rendición de cuentas institucional comienza el día en que una advertencia entra en una institución. Desde ese día, la oficina que posee la información asume un deber del que no la liberan el traslado, el silencio ni la confianza en el optimismo de los expertos.

Una advertencia que cruzó instituciones

Campbell sirvió como capellán del Ejército de 1963 a 1977. Los registros diocesanos indican que se retiró a fines de 1977 y solicitó un destino en Springfield. El capellán del Ejército que llamó a la diócesis dijo que el asunto se había tratado de forma confidencial dentro de la institución militar, sin publicidad, y que Campbell había renunciado cuando salió a la luz. El memorando terminaba señalando que seguiría un informe.

McNicholas lo nombró párroco de Saint Jude, en Rochester, en cuestión de semanas y, en 1979, párroco en la localidad de Assumption. Los registros muestran que los abusos en Assumption comenzaron casi de inmediato y que la diócesis tenía noticia de ellos en enero de 1980.

En diciembre de 1981, una familia informó al obispo de la conducta de Campbell con su hija. Campbell lo admitió ante el obispo y poco después renunció como párroco, alegando motivos de salud. A los pocos meses recibió otra parroquia. Cada paso siguió al anterior en cuestión de meses, y ninguno lo apartó del contacto con niños.

En Saint Maurice, en Morrisonville, de 1982 a 1985, los registros diocesanos indican que abusó de 26 niños. El mismo registro contabiliza 33 niños abusados en la diócesis, todos después de la advertencia del Ejército; esas cifras son denuncias extraídas de los archivos, no conclusiones establecidas judicialmente niño por niño. El expediente judicial es firme en lo demás: en 1985 Campbell fue procesado por abusar de varones de 11 a 15 años, se declaró culpable pero mentalmente enfermo y recibió una condena de 14 años.

Un bufete de abogados que tramita demandas por abusos del clero en Illinois publica un resumen sobre el sacerdote de la diócesis de Springfield Alvin L. Campbell y las demandas en su contra, a partir de ese registro público. El proceso penal abordó lo que hizo Campbell. Lo que la institución debía una vez advertida es una cuestión de rendición de cuentas institucional, y exige un conjunto distinto de herramientas.

Las instituciones necesitan un foro para rendir cuentas

El académico de la Universidad de Utrecht Mark Bovens define la rendición de cuentas como una relación entre un actor y un foro. El actor debe explicar y justificar su conducta, el foro puede interrogarlo y emitir un juicio, y el actor puede enfrentar consecuencias. Sin un foro capaz de exigir una respuesta, un fallo produce arrepentimiento y no rendición de cuentas. Los tribunales funcionan como foros en otros ámbitos, como el litigio climático, donde gobiernos y empresas deben justificar lo que no hicieron.

El caso de Campbell pasó por varios foros, y cada uno se detuvo en su propio límite. Había sido amonestado como capellán del Ejército y dejó el servicio, según un reportaje de Associated Press. Un tribunal penal juzgó al hombre en 1985. El sistema jurídico de la propia Iglesia avanzó con lentitud: el obispo Daniel Ryan esperó unos cuatro años tras el encarcelamiento de Campbell antes de pedir a Roma que lo separara del sacerdocio.

La rendición de cuentas institucional comienza el día en que una advertencia entra en una institución.

En su solicitud a Roma, Ryan señaló que los delitos de Campbell y los de otro sacerdote habían costado a la diócesis 1,5 millones de dólares en indemnizaciones y gastos legales. Las consecuencias constituyen un elemento de la rendición de cuentas institucional tal como se definió arriba, y el dinero pagado a los demandantes la satisface en parte. El pago deja abiertos los demás elementos: quién decidió qué, con qué información y quién debe explicarlo.

En julio de 1989, la oficina vaticana que entonces dirigía el cardenal Joseph Ratzinger se negó, porque la petición carecía de una solicitud del propio Campbell, e indicó al obispo que celebrara un juicio eclesiástico, conforme al derecho canónico de la época. Tras su liberación en 1992, después de unos siete años en prisión, se persuadió a Campbell de aceptar la separación del sacerdocio, y Roma la concedió.

Cómo el secreto y la demora anulan la rendición de cuentas

El tratamiento confidencial del Ejército muestra cómo el secreto anula la rendición de cuentas, un patrón que se repite en las instituciones de seguridad. Una advertencia transmitida en confianza, por un canal que ningún foro externo puede inspeccionar, no crea ningún deber que alguien pueda exigir. La rendición de cuentas institucional requiere canales que un foro externo pueda examinar. Ningún foro de esta secuencia tenía el encargo de responder por la secuencia en su conjunto.

El foro público llegó el último. Antes de que investigara el fiscal general de Illinois, las seis diócesis de Illinois habían listado públicamente a 103 abusadores comprobados; el informe de la investigación nombra a 451 clérigos que abusaron de al menos 1997 niños. Las décadas transcurridas entre los abusos y ese recuento fueron años en los que ningún foro con poder sobre la institución disponía de los hechos.

Kwame Raoul, el fiscal general, afirmó que décadas de decisiones y políticas del liderazgo católico permitieron que “abusadores sexuales de niños conocidos se escondieran, a menudo a plena vista”. La declaración sitúa el fallo en las decisiones y políticas de los dirigentes, el nivel en el que operan los cargos. Un foro que se reúne décadas después puede nombrar los fallos. No puede prevenirlos.

El acceso a la justicia agrava la demora. Hasta una ley de 2017, Illinois daba a las víctimas de abuso sexual infantil 20 años desde su decimoctavo cumpleaños para actuar, y muchos sobrevivientes de abusos del clero, como señaló la cobertura del anuncio, nunca verán justicia en sentido jurídico. Un tribunal que se cierra antes de que un sobreviviente pueda hablar es un foro solo de nombre.

Por qué el problema de las muchas manos no se aplica aquí

El filósofo político Dennis Thompson formuló el problema de las muchas manos: cuando muchos funcionarios contribuyen a una decisión, resulta difícil decir quién es moralmente responsable del resultado. Sostuvo que dos remedios habituales, culpar a quien está en la cima y culpar al colectivo, distorsionan la idea de responsabilidad. Propuso la responsabilidad personal, evaluada con criterios causales y volitivos.

Este problema es la objeción habitual a la rendición de cuentas institucional: una responsabilidad que se disuelve en el colectivo no deja a nadie que responda. El registro de 1978 no muestra tal disolución. Un capellán hizo una llamada. Un memorando llegó a un obispo. El mismo obispo hizo el nombramiento menos de un mes después. Según los propios registros de la diócesis, el vínculo causal y la decisión, los dos criterios que usa Thompson, residen en una sola oficina.

Un funcionario que recibió una advertencia por escrito no puede alegar que la información estaba dispersa fuera de su alcance. Las muchas manos aparecen después. En las décadas posteriores a la condena de 1985, sucesivos obispos, personal diocesano, abogados de la Iglesia y oficinas romanas poseyeron cada uno una parte del conocimiento y una parte de la autoridad. Aquí la rendición de cuentas institucional depende del diseño: quién debe registrar, quién debe divulgar y quién debe responder por toda la secuencia.

Una diócesis sabe lo que dicen sus archivos

Christian List y Philip Pettit sostienen en Group Agency que las iglesias, las empresas y los Estados son agentes por derecho propio, distintos de sus miembros, con actitudes formadas mediante los procedimientos que agregan los juicios de sus miembros. Si esa tesis es correcta, “la diócesis sabía” es una descripción literal. El memorando y la queja de la familia eran información en poder de la institución y a disposición de todo titular posterior del cargo.

La sucesión resuelve entonces una cuestión que el problema de las muchas manos deja abierta. Un obispo que hereda los archivos hereda la información, de modo que no puede tratar la decisión de su predecesor como ajena. La rendición de cuentas institucional se vincula al cargo y lo acompaña. Cada titular responde por lo que el expediente le dijo y por lo que hizo después.

Esta lectura responde también a la inquietud de Thompson sobre el colectivo. La responsabilidad no se disuelve en la diócesis en su conjunto, porque la diócesis actúa a través de cargos, y cada cargo tiene un titular en cada fecha. El obispo de 1978, el obispo de 1984 y el funcionario que redactó el memorando mantienen cada uno una relación particular con una información particular. La capacidad de acción de la institución permite responder a la pregunta, y la lista de titulares de cada cargo vuelve personal la respuesta.

El traslado merece una descripción precisa. Mover a un sacerdote que el expediente señala como riesgo a una nueva parroquia es un acto con destinatarios identificables: las familias de esa parroquia, que carecen de la información que posee la oficina. Llamarlo omisión oculta la decisión dentro del silencio. Tras la queja de 1981, los registros muestran exactamente esta secuencia: admisión, renuncia y una nueva parroquia en cuestión de meses.

La objeción de la retrospectiva

La objeción más fuerte sostiene que los obispos actuaron según el mejor asesoramiento profesional de su época. En una reunión de los obispos de Estados Unidos, el obispo John Ricard de Pensacola-Tallahassee recordó que a los obispos se les decía con frecuencia que el problema “puede tratarse con psicoterapia convencional”, y que siguieron ese consejo. La objeción tiene fuerza. Juzgar 1978 con el conocimiento de hoy sería un anacronismo.

La objeción se ajusta al regreso al ministerio de un sacerdote tratado. No alcanza al caso de Campbell. El memorando de enero de 1978 transmitía una advertencia de un capellán del Ejército de alto rango, no un pronóstico clínico, y el nombramiento llegó en cuestión de semanas. Tras la queja de 1981 y la propia admisión de Campbell, el traslado se produjo en cuestión de meses. La rendición de cuentas institucional no necesita aquí la retrospectiva: la ignorancia no sirve de excusa cuando los propios archivos del funcionario consignaban los hechos.

Confiar en la pericia también tiene límites que la investigación documentó después. El estudio del John Jay College encargado por la conferencia episcopal no encontró una causa ni un predictor único de los abusos cometidos por clérigos católicos. Ese hallazgo da poco fundamento para tener certeza sobre un sacerdote en particular, y una institución que se apoya en la garantía de un clínico asume el riesgo que corre.

Una segunda objeción viene de Iris Marion Young. En Responsibility for Justice, contrapone un modelo de culpabilidad, que atribuye la falta por actos pasados, a un modelo de conexión social, en el que todos los que contribuyen a una estructura que produce injusticia comparten un deber, orientado al futuro, de cambiarla. El reproche, observó, genera actitudes defensivas. Aun así, Young consideraba apropiado el modelo de culpabilidad en muchos contextos, y el nombramiento de 1978 pertenece a uno de ellos.

La rendición de cuentas institucional parte de tres deberes

El modelo de Young aporta a la rendición de cuentas institucional lo que la culpabilidad por sí sola no puede ofrecer: un deber presente. Después de Campbell, toda institución que emplea capellanes, párrocos, entrenadores y docentes comparte el deber de cambiar los procedimientos que llevaron una advertencia de un escritorio a otro sin efecto alguno. Ese deber obliga al Ejército y a las diócesis tal como existen hoy, sea cual sea la culpa de los hombres que ocupaban los cargos en 1978.

Las psicólogas Carly Smith y Jennifer Freyd lo llaman traición institucional cuando instituciones de confianza, entre ellas iglesias, escuelas y las fuerzas armadas, dañan a personas que dependen de ellas para su seguridad. La traición, sostienen, incluye la omisión y la acción. El caso de Campbell contiene omisión en el manejo privado del Ejército y acción en los nombramientos de la diócesis.

De ahí se derivan tres deberes para toda institución que recibe una advertencia. Primero, registrarla de una forma que sobreviva al titular del cargo. Segundo, separar a la persona de quienes podría dañar hasta que se resuelva la acusación. Tercero, comunicar la advertencia a las personas en riesgo y a las autoridades. Cada deber entra en vigor cuando llega la advertencia, pues la prueba llega después, por lo general en un tribunal.

En este caso la prueba llegó en 1985, después de que la diócesis recibiera tres señales distintas: la llamada del Ejército, el aviso de abusos en Assumption y la queja de la familia. Activar deberes antes de la prueba tiene un costo, pues una advertencia infundada puede dañar a una persona inocente que merece un debido proceso. Los deberes graduales responden a ese costo.

Registrar no le cuesta nada al acusado. La separación del contacto con niños puede ser temporal y no implicar ninguna declaración de culpabilidad, como ocurre con la suspensión con goce de sueldo. Comunicar a las autoridades traslada la cuestión a organismos equipados para examinarla, y la identificación pública puede esperar a que haya comprobación. Los registros de la diócesis muestran un orden distinto: traslado en cada etapa y un proceso penal solo en 1985.

Cuando las advertencias cruzan instituciones

Entre instituciones rige una cuarta regla: el receptor debe responder por escrito y el remitente debe confirmar que lo hizo. En Springfield, la advertencia llegó por teléfono y quedó registrada en un memorando redactado por la diócesis receptora, y ese memorando señalaba que seguiría un informe. La protección de la infancia adolece de la brecha entre los derechos de los niños sobre el papel y en la práctica, y una cadena escrita de respuestas la reduce.

La rendición de cuentas institucional que empieza con el escándalo llega demasiado tarde para los niños a quienes concierne. El estándar que los protege se fija antes, en el escritorio donde aterriza la primera advertencia, y plantea una sola pregunta a quien se sienta allí: ¿qué hará esta oficina con lo que ahora sabe? Esa pregunta se aplica por igual a diócesis, ejércitos, escuelas y organismos.