La guerra de Rusia contra Ucrania ha entrado en su tercer año, pero la transformación política en el interior de Europa podría resultar aún más duradera que la dinámica del campo de batalla. En los últimos meses, los gobiernos europeos han acelerado sus compromisos de gasto en defensa, ampliado los programas de adquisición conjunta y revisado las reglas fiscales para dar cabida a la inversión militar. La cuestión estratégica ya no es si Europa se rearmará, sino si el continente se encamina hacia una economía de guerra permanente.
El regreso de la economía de guerra europea
El concepto de economía de guerra implica tradicionalmente la reasignación a gran escala de recursos públicos hacia la producción de defensa, una política industrial alineada con las necesidades militares y la priorización política de la seguridad por encima de la expansión del bienestar. Históricamente asociado a la guerra total, el término resurge ahora en los debates de toda la Unión Europea.
Entre las iniciativas recientes figuran la ampliación de la adquisición conjunta de armamento, los contratos de producción de municiones a largo plazo y los debates sobre bonos comunes de defensa. Al mismo tiempo, los marcos fiscales se han vuelto más flexibles. La reforma de las reglas presupuestarias de la UE deja mayor margen para la inversión estratégica, incluido el gasto militar. La defensa, antes tratada como una competencia esencialmente nacional, se integra cada vez más en mecanismos de coordinación supranacional.
Esta transformación refleja presiones estructurales. Estados Unidos ha señalado una priorización estratégica del Indo-Pacífico, lo que suscita inquietudes sobre la durabilidad de las garantías transatlánticas. Entretanto, la capacidad de Rusia para sostener la movilización ha obligado a los planificadores europeos a asumir una confrontación de seguridad prolongada.
El resultado es una reorientación de la planificación macroeconómica en torno a la resiliencia en materia de defensa.
El gasto en defensa y la política de priorización fiscal
Los presupuestos europeos de defensa han aumentado con fuerza desde 2022. El «fondo especial» constitucional de Alemania para la defensa marcó un punto de inflexión, mientras que los Estados miembros del este han superado el umbral del 2 % de la OTAN. Lo que distingue a la fase actual es la normalización de estos incrementos como algo estructural y no excepcional.
Este giro tiene consecuencias fiscales. Los ratios de deuda pública siguen siendo elevados tras el gasto de la pandemia. Destinar recursos sostenidos a la defensa compite necesariamente con la inversión social, la financiación de la transición ecológica y las subvenciones industriales ajenas a la producción militar.
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La política de priorización resulta, por tanto, inevitable. Las economías de guerra no se definen únicamente por la producción militar, sino por los costos de oportunidad. Cuando la defensa se convierte en una categoría presupuestaria protegida, los demás ámbitos de política pública se ajustan en torno a ella.
Dentro de la UE, esto genera tensión entre integración y soberanía. La adquisición colectiva promete eficiencia e interoperabilidad. Sin embargo, la política industrial de defensa tiene efectos redistributivos: los contratos fluyen hacia determinadas industrias nacionales y moldean coaliciones políticas internas. La economía de guerra, de consolidarse, no se distribuirá de manera uniforme en el conjunto de la Unión.
¿Autonomía estratégica o dependencia en seguridad?
El debate sobre la economía de guerra se cruza con la doctrina de la «autonomía estratégica». Los líderes europeos sostienen cada vez con más fuerza que el continente debe reducir su dependencia de proveedores externos, en particular en municiones, sistemas de misiles y tecnologías de defensa avanzadas.
Sin embargo, la autonomía exige escala. Las industrias nacionales fragmentadas no pueden competir con facilidad con los sectores de defensa consolidados de Estados Unidos o China. Esta realidad ha reforzado los argumentos a favor de una integración más profunda bajo la coordinación de la UE. Las propuestas de instrumentos comunes de financiación evocan innovaciones anteriores, como los fondos de recuperación de la pandemia.
Con todo, la legitimidad política de tales instrumentos sigue siendo objeto de controversia. La deuda conjunta para la defensa difumina la frontera entre la seguridad nacional y la responsabilidad fiscal compartida. Para los Estados miembros fiscalmente conservadores, unos bonos de defensa permanentes corren el riesgo de institucionalizar mecanismos de transferencia sin un mandato democrático claro.
Una economía de guerra permanente supondría así no solo producción militar, sino una federalización fiscal por la puerta trasera.
El control democrático en un entorno que prioriza la seguridad
Otra preocupación es el control democrático. Las economías de guerra centralizan la autoridad ejecutiva. La urgencia justifica adquisiciones aceleradas, una menor transparencia en la contratación y una ampliación de las clasificaciones de seguridad. Aunque comprensibles en una crisis, la normalización de tales prácticas puede debilitar el escrutinio parlamentario.
En el contexto europeo, el control se ejerce en múltiples niveles: los parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y los consejos intergubernamentales comparten la autoridad de maneras complejas. La rápida integración de la defensa pone a prueba estos mecanismos. Si los imperativos de seguridad se imponen de forma reiterada a los procesos deliberativos, puede producirse un desequilibrio institucional.
La cuestión normativa no es si Europa debe defenderse, sino si la gobernanza de emergencia se convierte en gobernanza permanente.
¿Movilización temporal o cambio estructural?
Que Europa esté entrando en una economía de guerra permanente depende de su duración y de su arraigo institucional. Si las hostilidades en Ucrania se atenúan y las garantías de seguridad transatlánticas se estabilizan, el gasto en defensa podría estancarse. La expansión industrial podría recalibrarse.
Sin embargo, los documentos de planificación estratégica de todo el continente asumen cada vez más una confrontación a largo plazo con potencias revisionistas. Los contratos de producción de defensa son plurianuales. Las instalaciones de municiones se están ampliando ante la expectativa de una demanda sostenida. La infraestructura de movilidad militar se integra en la planificación más amplia del transporte.
No se trata de ajustes de corto plazo.
Una economía de guerra permanente reconfiguraría la integración europea de tres maneras: una flexibilidad fiscal anclada en la defensa, una política industrial ligada a la resiliencia militar y una centralización gradual de la autoridad estratégica. Tal transformación podría reforzar la capacidad geopolítica de Europa. También podría reconfigurar el contrato social si las prioridades de bienestar quedan comparativamente relegadas.
El proyecto europeo nació como un proyecto de paz después de 1945. Su evolución hacia una unión centrada en la seguridad no niega ese origen, pero altera su trayectoria. La cuestión decisiva no es únicamente el gasto militar, sino si la seguridad se convierte en el principio organizador de la gobernanza económica.
Si ese giro se consolida, Europa no se habrá limitado a rearmarse: se habrá redefinido a sí misma.
Lecturas recomendadas
Sobre las raíces históricas y conceptuales de la «economía de guerra», el clásico de Seymour Melman The Permanent War Economy: American Capitalism in Decline rastrea cómo la producción militar sostenida reconfiguró las prioridades y las instituciones de la economía estadounidense, mientras que la obra de Aida Hozić y Jacqui True War Economy: Gendered Circuits of Violence and Capital cuestiona el relato habitual, centrado en el Estado, sobre la movilización en tiempos de guerra, siguiendo el rastro del capital y la violencia a través de conflictos como los de Ucrania, Gaza y Bosnia.
Sobre la economía política de la integración de la defensa europea, la obra de Kaija Schilde The Political Economy of European Security muestra cómo los actores de la industria y los grupos de interés, y no solo los imperativos estratégicos, han moldeado la creciente autoridad de la UE sobre la política de defensa y seguridad.
Sobre la autonomía estratégica y la durabilidad de la dependencia transatlántica, la obra de Sten Rynning NATO: From Cold War to Ukraine, a History of the World’s Most Powerful Alliance rastrea los ciclos recurrentes de ambición y repliegue de la alianza hasta la guerra actual.
Sobre lo que está en juego, en términos de federalismo fiscal, en el endeudamiento europeo conjunto, el volumen colectivo editado por Alicia Hinarejos y Robert Schütze EU Fiscal Federalism: Past, Present, Future expone los límites jurídicos y constitucionales de la propia capacidad fiscal de la UE, desde el mercado único hasta el presupuesto y la unión monetaria.
Sobre el control democrático en condiciones de movilización permanente, la obra fundacional de Harold D. Lasswell Essays on the Garrison State sigue siendo el relato clásico de cómo la preparación sostenida para la guerra puede concentrar la autoridad en las élites militares y de seguridad en detrimento de las instituciones civiles.
