El 3 de noviembre, los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, a cerca de un tercio del Senado y a los gobernadores de muchos estados. Los republicanos tienen la mayoría en el Senado (53 de 100 escaños) y en la Cámara (218 de 435), y los demócratas intentan ganar al menos una de las dos cámaras.

Bajo esa contienda corre una segunda, sobre la integridad electoral: ¿quién custodia el recuento cuando el presidente Donald Trump lleva seis años promoviendo la falsa afirmación de que la elección de 2020 fue robada? Este ensayo sostiene que la integridad electoral no puede descansar en un único árbitro, por honesto que sea.

La integridad electoral no es un veredicto que un funcionario de confianza pueda emitir; es un resultado que producen los rivales al vigilarse unos a otros. En Estados Unidos, los condados, los estados, los tribunales, los partidos y los auditores poseen cada uno una parte del recuento y pueden exponer los errores o abusos de los demás. Ese sistema dividido, con frecuencia tachado de caótico, aporta la rivalidad. Pero la rivalidad solo protege el recuento cuando los funcionarios rechazan las presiones indebidas, y las elecciones de medio término de 2026 pondrán a prueba si lo hacen.

Cincuenta estados, miles de oficinas de recuento

Empecemos por quién dirige realmente una elección estadounidense. Como explica Richard Hasen en un capítulo de Our Nation at Risk, los estados no dirigen las elecciones directamente. Delegan el trabajo en miles de jurisdicciones locales, por lo general condados, que registran a los votantes, dotan de personal los centros de votación, procesan las boletas de voto ausente y contabilizan los votos. Los estados fijan los requisitos para votar en las elecciones al Congreso y las reglas para elegir a los electores presidenciales.

La integridad electoral no es un veredicto que un funcionario de confianza pueda emitir; es un resultado que producen los rivales al vigilarse unos a otros.

El presidente no tiene lugar en esa cadena. Trevor Morrison observa, en otro capítulo del mismo volumen, que ni la Constitución ni ninguna ley federal otorgan al presidente un papel directo en la administración de las elecciones federales. Su influencia pasa por canales indirectos: organismos del Ejecutivo como el Departamento de Justicia, los poderes de emergencia y su capacidad de persuadir a otros.

La persuasión tiene límites, añade Morrison. Un presidente que intenta cambiar el resultado de una elección fracasa a menos que sus asesores, los funcionarios del Ejecutivo y quizá los funcionarios estatales y locales acepten seguir sus órdenes. Morrison señala además un problema que afecta a todo sistema electoral: las reglas electorales las escriben funcionarios electos que a menudo son candidatos en esas mismas elecciones, de modo que quienes ocupan el cargo pueden torcer las reglas en su propio beneficio.

La descentralización tiene costos. Los votantes enfrentan reglas distintas según el lugar donde viven, y los condados informan los resultados a ritmos diferentes. Esas diferencias alimentan la sospecha sobre la integridad electoral, y la sospecha es la materia prima de las denuncias de fraude. La cuestión es si el remedio es una única autoridad nacional o normas mínimas comunes que apliquen muchos administradores.

La Orden Ejecutiva 14399 frente a los tribunales

Esta división del poder importa en 2026. El 31 de marzo, el presidente firmó la Orden Ejecutiva 14399, titulada «Garantizar la verificación de la ciudadanía y la integridad en las elecciones federales». Ordena a los organismos enviar a los estados listas de ciudadanos confirmados, instruye al Servicio Postal a restringir el manejo de las boletas enviadas por correo y plantea retener fondos federales a los estados que no cumplan, cuando la ley lo permita. Sus críticos ven a un Ejecutivo que invade un terreno que la Constitución asigna a otros.

Los tribunales han bloqueado partes de este esfuerzo. En junio, la jueza Denise Casper bloqueó de forma permanente una orden de 2025 sobre la prueba de ciudadanía y las boletas por correo, y escribió que la Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones. En septiembre, un juez suspendió una norma del Servicio Postal que aplicaba la orden de 2026, y la Corte Suprema se negó a levantar esa medida cautelar.

Disputar el recuento: lecciones de 2020

Tras las elecciones de 2020, el presidente presionó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que «encontrara» los 11 870 votos que necesitaba para ganar el estado. El presidente y sus aliados también querían que los funcionarios estatales declararan irregularidades, lo que habría permitido a los legisladores republicanos de los estados que ganó Joe Biden enviar al Congreso listas alternativas de electores. No lograron convencer a los funcionarios estatales de numerosos estados.

Las elecciones impugnadas no son nuevas. Karen Greenberg señala en el capítulo inicial del volumen que las elecciones de 1800, 1824, 1876 y 2000 produjeron graves disputas sobre quién había ganado. Los cinco candidatos que ganaron el voto popular pero perdieron en el Colegio Electoral terminaron por reconocer su derrota, aunque algunos siguieron alegando que hubo injusticia. En 2020, sostiene, un presidente en funciones intentó revertir el resultado mediante extralimitaciones ilegales que involucraron al Congreso, los tribunales y la Casa Blanca.

¿Por qué los reclamos sobre la integridad electoral se convierten tan rápido en disputas partidistas? Un estudio sobre las elecciones de 2020 de Kenneth Vail y sus colegas ofrece parte de la respuesta. Antes de la votación, los partidarios de ambos candidatos se mostraban solo ligeramente preocupados por la integridad y dispuestos a aceptar el resultado. Una vez que se proyectó a Biden como ganador, los partidarios de Trump cuestionaron la integridad de la elección y comenzaron a apoyar las impugnaciones del resultado, mientras que los partidarios de Biden la afirmaron.

Ese hallazgo tiene una consecuencia práctica. Si los votantes juzgan la integridad según si ganó su bando, quien pierda acusará de parcialidad a cualquier árbitro único. Pedir a los ciudadanos que confíen en un solo funcionario equivale, por tanto, a pedir al bando perdedor algo que no concederá. Un sistema en el que cada bando puede vigilar al otro, y en el que terceros independientes verifican la aritmética, puede ganarse una confianza que no dependa de quién ganó.

¿Un solo árbitro o muchos rivales?

Aquí compiten dos teorías de la integridad electoral. La teoría del árbitro sostiene que una sola autoridad, ya sea el Congreso, un organismo federal o el presidente, debe fijar normas uniformes y hacerlas cumplir. Su atractivo es real: los votantes de Texas y de Vermont seguirían las mismas reglas, y los errores podrían corregirse desde arriba. Su debilidad es que quien controla al árbitro puede usarlo con fines partidistas.

La teoría de los rivales sostiene que la integridad surge cuando el poder sobre el recuento está dividido y cada titular tiene motivos para vigilar a los demás. Es una vieja idea republicana. En El Federalista n.º 51, Publius escribió que «hay que hacer que la ambición contrarreste a la ambición». Aplicado a las elecciones, los secretarios de condado, los funcionarios estatales, los observadores de los partidos, los tribunales y los auditores se controlan unos a otros, de modo que ninguna facción puede a la vez dirigir el recuento y anunciar al ganador.

La verificación muestra por qué la redundancia es una fortaleza. Charles Stewart informa en su capítulo que las máquinas contaron más del 99 % de las boletas de la elección presidencial de 2020. Como el software siempre conlleva cierta incertidumbre, sostiene, las elecciones necesitan una verificación independiente, como las auditorías posteriores a la elección y las boletas en papel, en lugar de una confianza ciega en las máquinas. Las auditorías de la elección de 2020, señala, encontraron errores de conteo ínfimos.

Las plataformas de redes sociales también han actuado como guardianes del recuento. Christian Katzenbach, Vasilisa Kuznetsova y Elizabeth Dubois compararon las políticas electorales de las principales plataformas y hallaron tres fases: normas dirigidas a amenazas concretas (2018 a 2020), responsabilidad asumida respecto de los procesos cívicos (2020 a 2022) y una profunda reacción adversa desde 2022. La disposición de las plataformas a desempeñar ese papel ha variado, por tanto, con el tiempo.

La objeción mexicana: ¿por qué no un único árbitro independiente?

La objeción más sólida viene de fuera de Estados Unidos. México confía las elecciones a un único organismo autónomo, el Instituto Nacional Electoral (INE), aislado del Ejecutivo. Si un solo árbitro no partidista puede funcionar allí, ¿por qué Estados Unidos protege la integridad electoral con cincuenta sistemas estatales en lugar de una sola autoridad nacional independiente? La pregunta merece una respuesta directa.

La respuesta comienza con la forma en que sobrevivió el INE. En 2023, el Congreso de México aprobó una reforma electoral, conocida como Plan B, que recortó el presupuesto del instituto y limitó su autonomía. El 22 de junio de 2023, la Suprema Corte de México anuló la segunda parte de la reforma por nueve votos contra dos, al determinar que se había aprobado a toda prisa en la cámara baja, sin un debate adecuado.

En otras palabras, el árbitro independiente sobrevivió porque un rival, la Suprema Corte, se interpuso en el camino del gobierno. El modelo del INE no escapa a la lógica de los rivales; traslada la rivalidad a los tribunales. Los bancos centrales independientes, también aislados de los funcionarios electos, enfrentan una prueba comparable de legitimidad democrática.

Dos obstáculos se interponen ante un INE estadounidense. La Constitución otorga a los estados y al Congreso, no al presidente, la autoridad sobre las elecciones federales, de modo que una autoridad nacional tendría que surgir del Congreso. Y una autoridad creada en un momento polarizado sería capturada por el partido que la controlara, o al menos percibida como capturada.

La propuesta de este ensayo, que es una opinión y no un hallazgo establecido, es más modesta: que el Congreso, y no el presidente, fije normas federales mínimas; que los estados y los condados las administren; y que observadores bipartidistas y auditorías de rutina verifiquen los resultados. Así se mantienen los rivales en su lugar y se reduce la desigualdad que alimenta la desconfianza.

Cuando los rivales comparten partido

La teoría de los rivales tiene un punto débil: los estados pueden ser baluartes contra la subversión electoral o facilitadores de ella. En 2020, las quejas del presidente sobre el fraude llevaron a algunos estados a retroceder en los esfuerzos de la época de la pandemia por facilitar el voto. La rivalidad solo funciona si los rivales tienen intereses distintos. Cuando un mismo partido controla la gubernatura, la legislatura y la secretaría de Estado, el contrapeso entre ellos se debilita.

Esta es la mejor objeción al argumento aquí presentado, y no tiene una respuesta limpia. El poder dividido protege la integridad electoral solo mientras alguien en la cadena esté dispuesto a decir que no: un secretario de condado, un miembro de una junta de escrutinio, un juez. La estructura crea la oportunidad de negarse, pero son las personas quienes aportan la negativa. La integridad electoral necesita, por tanto, instituciones que dividan el poder y una cultura que premie a los funcionarios que certifican resultados honestos bajo la presión de su propio bando.

Por eso los tribunales importan tanto en 2026. Los jueces son el rival de última instancia. En 2022 hicieron falta órdenes judiciales para obligar a las juntas de los condados de Otero, en Nuevo México, y de Cochise, en Arizona, a certificar los resultados de elecciones limpias. Además, los jueces federales tienen cargo vitalicio, de modo que el Ejecutivo no puede removerlos a voluntad.

Si los tribunales siguen tratando el derecho electoral como una cuestión de ley y de texto constitucional, el sistema conserva un contrapeso incluso donde un solo partido controla a los demás funcionarios. Si dejan de hacerlo, los otros rivales cargarán con más peso del que pueden soportar.

Lo que pondrán a prueba las elecciones de medio término de 2026

El registro público examinado para este ensayo muestra intentos de cambiar las reglas electorales, no recuentos manipulados. Esos intentos incluyen una orden ejecutiva de 2026, una norma del Servicio Postal que la aplicaba y que un tribunal suspendió, y una orden de 2025 que un tribunal bloqueó de forma permanente. El presidente también cuestiona los resultados electorales desde 2020. Nadie puede decir todavía qué ocurrirá el 3 de noviembre, y este ensayo no lo predice.

Hay cuatro cosas que vale la pena vigilar. Primero, si los funcionarios de condados y estados resisten la presión en la certificación, como lo hicieron muchos funcionarios estatales en 2020, cuando el presidente no logró convencerlos. Segundo, si los tribunales siguen frenando las medidas del Ejecutivo en materia electoral. Tercero, si el bando perdedor impugna los resultados mediante los tribunales y los reconteos, en lugar de presionar a los funcionarios. Cuarto, si las auditorías y los observadores bipartidistas pueden hacer su trabajo.

Cada uno es un contrapeso en manos distintas, y la integridad electoral es el nombre de lo que ocurre cuando todos resisten. La misma lógica vale para cualquier afirmación sobre la integridad electoral, venga de cualquier partido. Conviene preguntar no solo quién custodia el recuento, sino cuántas manos independientes lo tocan y si una sola facción controla todas ellas.

La legitimidad se pone a prueba en la derrota. Donde el poder está dividido, el perdedor puede verificar el recuento por medio de los rivales y aceptar una derrota que es real. Donde el poder está concentrado, ni siquiera los funcionarios honestos logran convencer a un perdedor escéptico de que el recuento fue justo. Los ciudadanos no necesitan un árbitro perfecto; necesitan rivales.